El parlamento israelí, el Knéset, aprobó el jueves una ley titulada "Estado-nación" que consagra la discriminación y segregación de facto al estilo del apartheid, la cual será practicada contra los ciudadanos palestinos del país prácticamente como una Ley Básica constitucional.

Apoyada por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su coalición gobernante derechista, la ley fue aprobada por 62 votos a favor y 55 en contra, con dos abstenciones.

Los legisladores palestinos, quienes rompieron copias de la ley y gritaron protestas de que era un acto de racismo y apartheid, fueron desalojados a la fuerza del Knéset.

Después del pasaje de la ley, Netanyahu la declaró "un momento crucial en los anales del sionismo y el Estado de Israel".

La legislación ha sido un proyecto de la derecha sionista durante al menos media década. Netanyahu llevó a cabo una campaña agresiva para aprobarla antes del final de la sesión actual del Knéset, como manera de reforzar el apoyo entre su base rabiosamente nacionalista antes de las elecciones de noviembre y crear una distracción de la crisis social cada vez más profunda en Israel y los múltiples escándalos de corrupción que lo implican a él y a su esposa Sara.

En un nivel más fundamental, la legislación constituye una advertencia de que el Estado israelí está abandonando rápidamente cualquier pretensión de un compromiso con la democracia o la igualdad de derechos y se prepara para llevar a cabo crímenes masivos contra el pueblo palestino, incluso mientras intensifica sus preparativos abiertos para un enfrentamiento militar contra Irán.

Miles de israelíes marcharon por las principales calles de Tel Aviv el sábado por la noche para expresar su oposición a la reaccionaria ley del "Estado-nación".

La ley le otorga derechos de nacionalidad a los ciudadanos judíos de Israel y no a los palestinos. Establece que "El derecho a ejercer la autodeterminación nacional en el Estado de Israel es exclusivo para el pueblo judío". Continúa declarando a Jerusalén "completa y unida" como la capital de Israel y elimina al árabe como un idioma oficial, otorgándole esta clasificación solamente al hebreo.

También incluye una cláusula que establece: "El Estado ve el desarrollo de los asentamientos judíos como un valor nacional y actuará para alentar y promover su establecimiento y consolidación".

Otros elementos incluyen el apoyo de símbolos clásicos de nacionalismo, desde la bandera israelí hasta el himno nacional y la Menorah.

En ninguna parte el documento se afirma la igualdad de derechos para todos los ciudadanos, ni se hace referencia a los ciudadanos no judíos de Israel —la gran mayoría de ellos palestinos, junto con drusos, beduinos y algunos rusos— que en su conjunto son unos 1,8 millones, o aproximadamente el 20 por ciento de la población.

Una versión anterior de la legislación había apoyado explícitamente la creación de comunidades "exclusivamente" judías y ordenaba a los tribunales israelíes que gobernaran de acuerdo con la ley ritual judía en los casos en que no existiera ningún precedente legal.

Esto fue reemplazado posteriormente, bajo presión de algunos aliados de Netanyahu, a favor de una referencia más vaga al "desarrollo del asentamiento judío como un valor nacional". En términos prácticos, retiene el mismo significado, respaldando la creación, con apoyo estatal, de comunidades exclusivamente judías en Israel, al igual que en la Cisjordania ocupada, a través del aislamiento y la expulsión de los palestinos.

Incluso sin consagrar esta forma de apartheid en como una Ley Básica, la realidad es que antes de que se aprobara la legislación, más de 900 sitios en Israel —aproximadamente tres cuartas partes de los municipios del país— ya han excluido a los que no fueran judíos de vivir dentro de sus fronteras municipales. Los palestinos se ven relegados a zonas más pobres, donde sistemáticamente se les niega un acceso equitativo a los servicios básicos, la educación, la salud y la vivienda.

Hassan Jabareen, director general del Centro Legal Adalah para los Derechos de las Minorías Árabes en Israel, emitió una declaración después de la aprobación de la legislación, escribiendo: "La ley judía de Estado-Nación presenta elementos clave del apartheid, que no solamente es inmoral sino también absolutamente prohibida por el derecho internacional. La nueva ley consagra constitucionalmente la identidad de Israel como el Estado-nación del pueblo judío, a pesar de los 1,5 millones de ciudadanos palestinos del Estado y los residentes de Jerusalén Este y los Altos del Golán, y garantiza el carácter étnico-religioso exclusivo de Israel como judío. Al definir la soberanía y el auto gobierno democrático como pertenecientes únicamente al pueblo judío, donde sea que vivan en el mundo, Israel ha hecho de la discriminación un valor constitucional y ha declarado su compromiso a favorecer la supremacía judía como la base de sus instituciones".

Entre los que expresaron su oposición a la legislación fue el presidente israelí, Reuven Rivlin, quien raramente interviene en los debates políticos. Advirtió que la ley podría desacreditar a Israel y "ser utilizada como un arma por nuestros enemigos". Su preocupación es que la ley haga explícitos los abusos que ya están ocurriendo en práctica.

Expresando el virulento racismo de los partidarios del Likud, un miembro del Knéset Miki Zohar, respondió: "Desafortunadamente el presidente Rivlin está loco" y agregó que había "olvidado su ADN".

La indiferencia de la oposición parlamentaria de Netanyahu fue resumida por el líder del Partido Laborista, Isaac Herzog, quien le dijo al Knéset: "La cuestión es si la ley perjudicará o beneficiará a Israel. La historia lo determinará. Realmente espero que no podamos dañar el delicado equilibrio entre un Estado judío y un Estado democrático".

En una acción que devela hasta qué punto la política israelí se ha desplazado hacia la derecha, Benny Begin, un miembro del Likud, hijo de Menachem Begin, líder del grupo terrorista sionista Irgun, fundador del Likud y primer ministro que bombardeó Iraq e invadió el Líbano, fue una de las dos abstenciones. Advirtió que el hecho de que el Estado-nación esté opuesto a la igualdad de derechos ha creado las condiciones para el crecimiento del nacionalismo extremo y las tensiones sociales.

Las organizaciones sionistas estadounidenses también expresaron su inquietud acerca de la aprobación de la ley. El Comité Judío Estadounidense emitió una declaración notando que la ley "pone en riesgo el compromiso de los fundadores de Israel para construir un país que sea tanto judío como democrático". Otro grupo estadounidense partidario de Israel dijo que la ley ha creado "barreras" y "desafíos" en la lucha contra las demandas de sanciones contra Israel.

El giro hacia la implementación de la ley al estilo del apartheid se lleva a cabo bajo condiciones en las que las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés) han llegado a la conclusión de que la población palestina combinada de Israel, Jerusalén Este, Cisjordania y los Altos del Golán en Siria ya es igual a la población judía de Israel. Otras fuentes estiman que Israel y los territorios ocupados, tomados como una unidad, tendrán una mayoría palestina tan pronto como en 2020.

Esta realidad demográfica ha planteado desde hace tiempo la imposibilidad de mantener un Israel que sea tanto judío como democrático. La "Ley de Estado-Nación" deja claro que el camino elegido es abandonar la pretensión de una democracia e igualdad de derechos y emprender nuevamente una campaña masiva de limpieza étnica.

El gobierno de Netanyahu se ha envalentonado a tomar tales medidas con el apoyo incondicional otorgado por la Administración de Trump, la cual, en violación del derecho internacional y la política estadounidense, reconoció a Jerusalén como la capital de Israel y trasladó la embajada estadounidense allí en mayo. Washington ha buscado forjar un eje anti-iraní con Israel, Arabia Saudita y otras monarquías petroleras del Golfo Pérsico. Ha respaldado el asalto militar de Israel contra el pueblo de Gaza, el cual ha sufrido su bombardeo más grande desde 2014, incluso cuando el IDF ha asesinado a por lo menos 138 manifestantes desarmados e hirieron al menos a 15.000 en la frontera de Gaza con Israel.

La aprobación de la ley se produjo el mismo día en que manifestantes israelíes con letreros que decían "Nunca más" y "Vergüenza" se enfrentaron al Primer Ministro húngaro, Viktor Orban, fuera del Memorial del Holocausto Yad Vashem. Los manifestantes condenaron a Orban, con quien Netanyahu ha establecido estrechas relaciones, por su abierto llamamiento al antisemitismo y su calidez con el dictador de la Segunda Guerra Mundial, el almirante Milos Horthy, quien colaboró con los nazis en el exterminio de judíos húngaros.

La alianza entre Orban y Netanyahu se basa no solo en el apoyo del gobierno húngaro a Israel, sino en una visión común del nacionalismo derechista. El sionismo tuvo sus orígenes como una expresión peculiar del etno-nacionalismo retrógrado que surgió en Europa oriental en la última parte del siglo XIX, que no se basaba en principios democráticos universales, sino en concepciones exclusivistas de hegemonía racial, religiosa y lingüística. en una región marcada por la diversidad étnica y lingüística. Irónicamente, un movimiento que afirmaba representar la liberación de los judíos encontró una base común sustancial con los antisemitas y los precursores nacionalistas de derecha del fascismo alemán.

El regreso del Estado sionista de Israel a estas fundaciones reaccionarias es parte de una tendencia internacional más amplia que ha visto el surgimiento de gobiernos y partidos de derecha, xenófobos y antiinmigrantes en Europa y en otras partes.

El resultado inevitable será una explosión de luchas sociales. Ni los trabajadores palestinos ni los judíos tienen ningún camino nacional adelante. Al final, un Estado exclusivamente judío de Israel no será más viable que el mini-Estado al estilo bantustán propuesto para los palestinos bajo la moribunda "solución de dos Estados".

La única solución a las contradicciones malignas de la sociedad israelí radica en la unión de los trabajadores árabes y judíos a través de todas las fronteras nacionales en una lucha común contra el capitalismo y por una Federación Socialista del Medio Oriente.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 20 de julio de 2018)