La pandemia COVID-19 ha creado condiciones devastadoras para toda América Latina. El martes, la región alcanzó el sombrío hito de 300.000 muertes por COVID-19 y, el jueves, superó los 8 millones de contagios.

El país más afectado, en números absolutos, es Brasil, el más poblado de la región. Ocupa el tercer lugar en el mundo en cuanto al total de casos registrados, solo por detrás de la India y los Estados Unidos, y tiene el segundo número más alto de muertes, superado solo por los Estados Unidos. Ya ha confirmado más de 4,2 millones de casos y 130.000 muertes. Después del Brasil viene México, que ha registrado unos 650.000 casos y casi 70.000 muertes, el cuarto mayor número de muertes por COVID-19 en el mundo.

La tasa de mortalidad por coronavirus en la región es aterradora. Aunque representa el 10 por ciento de la población mundial, América Latina es responsable de un tercio de todas las muertes por COVID-19. Perú ha alcanzado el lamentable estatus de ser el país con el mayor número de muertes por COVID-19 per cápita, con más de 30.000 muertes en una población de unos 32 millones. La lista mundial de los diez países con las tasas más altas de muertes por COVID-19 por habitante también incluye a Chile, Bolivia y Ecuador.

Este horroroso balance es el resultado de las políticas absolutamente criminales de los Gobiernos capitalistas para enfrentar el virus, combinadas con abismales condiciones estructurales preexistentes.

Las tasas de pruebas en la región se encuentran entre las más bajas del mundo, lo que impide tanto el rastreo de contactos como la realización de estimaciones realistas de la propagación del virus. México ha realizado solo 11.462 pruebas por millón de habitantes y Argentina 32.816, según Worldometer. Los Estados Unidos, que distan mucho de tener un nivel de pruebas adecuado, han realizado 271.552 pruebas por millón de habitantes.

La precariedad de los sistemas de salud, en los que los médicos y las enfermeras trabajan sin el equipo de protección personal adecuado, ha dado lugar a graves tasas de infección entre los trabajadores de la salud. México es el país con el mayor número de profesionales de la salud muertos por COVID-19 en el mundo, más de 1.400. Brasil está en cuarto lugar, con más de 600. El Ministerio de Salud de Bolivia habla de 200 profesionales de la salud muertos, pero hay estimaciones de cuatro veces ese número.

La falta de infraestructura adecuada en los hospitales, especialmente de respiradores para el tratamiento de COVID-19, se ha visto agravada por la desviación criminal de fondos que se habían destinado a la lucha contra la pandemia. En Brasil, México, Bolivia y Ecuador han salido a la luz casos de corrupción gubernamental, vinculados a la sobrefacturación en la compra de equipos médicos.

Ante el cierre de escuelas, que afectó a 165 millones de estudiantes en toda América Latina, los Gobiernos no pudieron proporcionar estructuras adecuadas para la enseñanza a distancia. Solo ocho de los 33 países de la región han proporcionado algunos dispositivos tecnológicos a los estudiantes. Entre las familias más pobres de la región, solo entre el 10 y el 20 por ciento tiene acceso a una computadora, según el Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de Naciones Unidas.

El inmenso sufrimiento causado por la enfermedad ha acelerado la brutal degradación de las condiciones de vida de grandes sectores de las masas trabajadoras de América Latina. Un informe de la CEPAL señala una explosión de la pobreza en la región en 2020. Más de un tercio de la población se enfrentará al desempleo y a la inseguridad alimentaria.

El nivel oficial de desempleo en América Latina alcanzará el 13,5 por ciento a finales de año, lo que supone un aumento del 5,4 por ciento en comparación con 2019. El número total de desempleados aumentará de 26,1 millones a 44 millones. Se trata de un impacto muy superior al registrado tras el derrumbe financiero mundial de 2008, cuando el desempleo aumentó un 0,6 por ciento, pasando del 6,7 por ciento en 2008 al 7,3 por ciento en 2009.

Se espera que el número total de latinoamericanos que viven en la pobreza aumente de 186 millones a 231 millones. “Calculamos que ocho de cada 10 personas en la región –y estamos hablando de 491 millones de personas— vivirán con un ingreso de hasta tres veces la línea de pobreza. Y eso significa que 491 millones de personas vivirán con menos de 500 dólares al mes”, dijo la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, a Foreign Policy .

El shock de la economía latinoamericana producirá una contracción del 9,1 por ciento de su PIB para finales de 2020. Solo el sector turístico ya ha sufrido pérdidas de 230.000 millones de dólares por el cierre de las fronteras. Esto equivale a dos veces y media el PIB de un país como Bolivia.

Mientras que para la población activa de América Latina el período actual ha supuesto terribles privaciones, para la oligarquía capitalista es un momento de celebración. Desde marzo, cuando la pandemia golpeó a la región, hasta julio, la fortuna de los 73 milmillonarios latinoamericanos ha crecido en 48.200 millones de dólares, informó el grupo de ayuda internacional Oxfam.

En Brasil, mientras que casi 10 millones de trabajadores perdieron sus empleos y millones más sufrieron profundos recortes salariales, la riqueza combinada de los 42 multimillonarios brasileños creció de US$123.100 millones a US$157.100 millones. Lo que esta oligarquía parasitaria acumuló durante un período de cinco meses de pandemia, 34.000 millones de dólares, es 11.000 millones de dólares más de lo que el Gobierno brasileño invirtió en atención médica durante todo el año 2019.

El Comité Internacional de la Cuarta Internacional definió la pandemia COVID-19 como un evento desencadenante, que puso de manifiesto las profundas contradicciones económicas, sociales y políticas del sistema capitalista mundial. La desigualdad social, característica dominante de este sistema, se está exacerbando a nivel internacional y, en particular, en América Latina, la región más desigual del planeta.

Al mismo tiempo, la clase obrera internacional está manifestando su descontento con la situación en una creciente ola de radicalización política. Las protestas masivas contra la desigualdad social que tuvieron lugar en Chile y el Ecuador entre octubre y noviembre de 2019 anunciaron una tendencia política que dominará cada vez más la región y el mundo.

Los trabajadores latinoamericanos respondieron a las condiciones impuestas por las élites gobernantes y sus Gobiernos ante la pandemia con una serie de huelgas salvajes en diferentes sectores de la clase obrera, desde los repartidores de aplicación hasta las enfermeras, que se extendieron por toda la región, desde México hasta Brasil.

Obreros y campesinos salieron a las calles de Bolivia y se enfrentaron al régimen golpista de Jeanine Áñez, exigiendo su caída y el fin de las condiciones de hambre impuestas por su violenta y desastrosa cuarentena. También estallaron revueltas contra las políticas de hambre en los empobrecidos barrios obreros de Chile.

Esta semana, el asesinato de un obrero por la policía colombiana provocó el estallido de protestas militantes en todo el país. La brutal represión desatada por el Gobierno de extrema derecha del presidente Iván Duque, que dejó diez muertos y cientos de heridos, no ha hecho más que aumentar la ira popular.

La escalada de la violencia estatal es la respuesta desesperada de las elites gobernantes latinoamericanas al crecimiento de los conflictos sociales que se presentan, cada vez más, como un enfrentamiento abierto entre dos clases sociales con intereses irreconciliables. Por un lado, hay una élite milmillonaria y sus Estados corruptos y violentos, y por otro, las masas trabajadoras cada vez más empobrecidas e insatisfechas con el orden social imperante.

En esta batalla, aparentes contrarios políticos burgueses como el presidente fascistizante de Brasil, Jair Bolsonaro, y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, representante de los Gobiernos de la “marea rosa” e ídolo de la pseudoizquierda, entrelazan manos para emprender contra la clase obrera, difundiendo mentiras y desorganizando la batalla contra la pandemia, al tiempo que obligan a los trabajadores a ir a lugares de trabajo contaminados para generar ganancias y garantizar los privilegios de la oligarquía capitalista.

Pero la fuerza de la clase obrera unida como fuerza política independiente es mucho mayor. La cuestión fundamental que se presenta para los trabajadores latinoamericanos es la construcción de una dirección revolucionaria que los unifique entre sí y con sus hermanos y hermanas a nivel internacional y los conduzca en la lucha por el derrocamiento del sistema capitalista y la reorganización de la sociedad sobre la base de políticas socialistas.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 12 de septiembre de 2020)

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