A menos de una semana de las elecciones estadounidenses, el Gobierno de Trump está involucrado en una conspiración para permanecer en el cargo incluso si Trump pierde el voto popular.

La confirmación forzosa de la jueza Amy Coney Barrett a la Corte Suprema, siendo juramentada ayer, es una pieza central de esta estrategia. Para la labor de presidir la ceremonia en la Casa Blanca anoche, Trump eligió al juez Clarence Thomas, el único en la corte que fue parte de la mayoría que decidió el caso electoral en el 2000 de Bush v. Gore. En esta decisión, el tribunal votó 5 a 4 a favor de detener el recuento de votos en Florida y entregarle la elección a Bush, quien había perdido el voto popular.

El mensaje no podría ser más claro: Barrett asistirá a la corte en una operación similar 20 años luego. Para acentuar esto, la Corte Suprema falló el mismo día que el estado disputado de Wisconsin no podrá contar las papeletas enviadas antes de la jornada electoral pero recibidas después del 3 de noviembre. La decisión, que le roba el derecho al voto a decenas o cientos de miles de residentes de Wisconsin, es una gran victoria para Trump y ofrece un importante apoyo político a sus esfuerzos para desafiar los resultados en todo el país.

En una opinión concurrente con la mayoría, el juez Brett Kavanaugh, nominado por Trump, repitió la afirmación infundada del mandatario de que las votaciones por correo son susceptibles a fraude: “Los estados quieren evitar el caos y las sospechas de irregularidades que pueden resultar si miles de votos en ausencia llegan después de la jornada electoral y cambian potencialmente los resultados de una elección”. Es decir, los estados quieren evitar el “caos” generado por contar todos los votos.

Kavanaugh cita favorablemente la decisión de Bush v. Gore. En el caso de 2000, la corte declaró explícitamente que el fallo no podría utilizarse como precedente en decisiones futuras en la corte, mientras que la opinión concurrente de Kavanaugh es la primera vez que un juez la cita desde entonces. Al aludir al caso, Kavanaugh dejó en claro lo que Trump planea hacer en 2020.

Trump planea utilizar una Corte Suprema con una holgada mayoría para que decidan fallos similares invalidando las papeletas por correo en otros estados, alegando sin ninguna evidencia que son propensas al fraude. Horas después de que se publicara el fallo, Trump declaró en Twitter: “Grandes problemas y discrepancias con las Papeletas por Correo en todo EE.UU. Debemos tener el total final el 3 de noviembre”.

De hecho, no existe ninguna estipulación constitucional que respalde la insistencia de Trump de que la elección debe decidirse el 3 de noviembre. Los resultados electorales son gestionados por los estados, los cuales deciden sus electores antes de “la fecha límite en puerto seguro” del 8 de diciembre, después de que todos los votos se hayan contado. Trump sabe que la mayoría de las papeletas por correo que llegarán cerca o después del 3 de noviembre serán para Biden y está intentando crear un pretexto para declarar que son inválidas.

Trump, con la asistencia de las cortes, está buscando crear suficientes dudas sobre el resultado para que las asambleas legislativas estatales controladas por republicanos en los estados disputados y clave como Michigan, Pensilvania, Carolina del Norte y Wisconsin puedan certificar grupos de electores pro-Trump independientemente del voto popular.

Para respaldar sus casos judiciales, Trump busca incitar a la violencia de la extrema derecha y fascistizante antes, durante y después de la jornada electoral. Está concentrando sus últimos mítines de campaña en los estados clave donde los partidarios de Trump han organizado complots contra los gobernadores actuales.

Ayer, menos de tres semanas después de que se descubriera un complot para secuestrar y matar a la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, Trump celebró un mitin de campaña en la capital del estado, Lansing. Refiriéndose al complot para matarla, Trump dijo que ella tuvo un “problema”, antes de añadir: “Quiero decir, veremos si es un problema, ¿verdad? La gente tiene derecho a decir que tal vez fue un problema, tal vez no lo fue”.

También confía en que existe apoyo en la policía para asistir a las organizaciones fascistizantes en la intimidación de votantes el día de las elecciones. En Michigan, muchos alguaciles locales han declarado que no harán cumplir las órdenes estatales que prohíben las armas de fuego en los centros de votación.

El martes, el juez del Tribunal de Apelaciones de Michigan, Christopher Murray, nombrado por el exgobernador republicano John Engler, emitió una orden preliminar que efectivamente abroga la orden de la secretaria de estado Jocelyn Benson de prohibir la portación abierta de armas de fuego. La decisión fue acogida con satisfacción por los legisladores estatales republicanos, que denunciaron el “exceso” de la Administración de Whitmer.

En su mitin del lunes en Pennsylvania, Trump arremetió contra el gobernador demócrata Tom Wolf, amenazando con que “lo estamos vigilando”. Se jactó del apoyo de la policía en todo el país: “Todo lo que podemos decir es que la policía está vigilando Nevada, está vigilando Filadelfia y Pensilvania porque tenían muchas cosas extrañas... Estamos vigilando Carolina del Norte, estamos vigilando Michigan”.

Mientras Trump tiene una estrategia para robarse las elecciones, los demócratas no tienen una estrategia para oponerse. De hecho, están haciendo todo lo posible para disimular la amenaza al derecho democrático más fundamental, el derecho al voto.

En su propio evento de campaña el martes, el candidato demócrata Joe Biden no mencionó el golpe de Estado electoral, el complot para secuestrar y asesinar a Whitmer y otros gobernadores, la confirmación de Barrett, la decisión de la Corte Suprema sobre Wisconsin o cualquier otra cosa relacionada con la amenaza a los derechos democráticos en la elección. En el debate final de la semana pasada, ni siquiera se mencionó el tema de los complots de Trump y las amenazas de permanecer en el poder.

Los republicanos pudieron confirmar a Barrett en solo un par de semanas, en las circunstancias políticas más difíciles, debido completamente a la decisión de los demócratas desde el principio de no tomar ninguna medida para bloquear la nominación, desde cerrar el Gobierno hasta utilizar las muchas reglas de procedimiento del Senado que pueden evitar una audiencia final antes de las elecciones.

Si los demócratas no pudieron evitar la instalación de Barrett, ¿quién puede creer que serán capaces de defender el resultado de una elección que ganaron?

Los demócratas, un partido de Wall Street y los militares, están aterrorizados de cualquier cosa que pueda provocar disturbios masivos, lo que amenazaría con convertirse en un movimiento no solo contra Trump, sino contra todo el sistema capitalista.

En una entrevista con Politico durante el fin de semana, Elissa Slotkin, congresista demócrata y exagente de la CIA, dejó en claro que, entre bastidores, hay altos funcionarios del Partido Demócrata discutiendo qué sucederá en caso de que Trump se niegue a dejar el cargo. Slotkin, Politico señaló, “está preocupada de que EE.UU. pueda estarse dirigiendo hacia una crisis civil y constitucional”. De hecho, “no puede pensar en otra cosa en estos días”.

Sin embargo, en lugar de alertarle al público sobre el peligro de un golpe de Estado de Trump, los demócratas apelan a los líderes de las agencias militares y de inteligencia. Para mantenerse en el poder, dijo Slotkin, Trump “necesitaría el apoyo de su gabinete, particularmente del fiscal general, el secretario de defensa, el presidente del Estado Mayor Conjunto y el jefe del Departamento de Seguridad Nacional”. Los demócratas, dijo, les han escrito cartas a “estos tipos... para que piensen en sus propias líneas rojas, qué van a estar dispuestos a hacer y no hacer si, de hecho, el presidente se niega a aceptar una pérdida”.

Todo esto está ocurriendo bajo las condiciones de la pandemia del coronavirus, que está entrando en una nueva etapa. El número de muertos, que ya ha superado los 230.000, sigue aumentando. Los nuevos casos se encuentran en niveles récord.

Las conspiraciones de Trump son inseparables de la política de la clase dirigente de “inmunidad colectiva”, que llevará a un crecimiento masivo de los contagios y muertes por coronavirus. En todos sus discursos, Trump combina incitaciones a la violencia fascistizante con desestimaciones cada vez más provocadoras del peligro de la pandemia y exigencias de que se ponga fin a todas las restricciones a su propagación.

El programa de Trump no tiene un apoyo popular. Es un programa de muerte y devastación social. Hay una inmensa y creciente ira social en la clase trabajadora hacia toda la política de las élites gobernantes en respuesta a la pandemia. Cualquier intento de Trump de mantenerse en el poder bajo estas condiciones llevará a protestas masivas y convulsiones sociales.

La cobardía de los demócratas en respuesta a las conspiraciones de Trump está totalmente ligada a su propia oposición a cualquier política que haga frente a la propagación de la pandemia o a la crisis social más profunda desde la década de 1930. Más allá de hablar de mascarillas, los demócratas no tienen nada que proponer, ya que rechazan cualquier medida que amenace los intereses de la élite corporativa y financiera.

El Partido Socialista por la Igualdad y nuestra campaña electoral –Joseph Kishore para presidente y Norissa Santa Cruz para vicepresidente— advierten a los trabajadores: depender del Partido Demócrata para la defensa de los derechos democráticos no es nada menos que un suicidio. No defenderán nada, ni siquiera su propia victoria electoral.

Una lucha auténtica contra los planes golpistas de Trump solo puede desarrollarse en oposición a los demócratas y a toda la clase dominante.

La lucha contra las conspiraciones de Trump debe estar conectada a un programa socialista en respuesta a la catástrofe cada vez más amplia, basado en los intereses de los trabajadores, no de la clase dominante. Esto incluye el cierre de la producción no esencial y de las escuelas en la medida en que la pandemia se siga propagando. Todos los trabajadores afectados, incluyendo las decenas de millones de desempleados, deben recibir ingresos completos, pagados a través de una reasignación masiva de la riqueza.

Un movimiento serio en defensa del derecho democrático más básico, el derecho al voto, solo puede desarrollarse sobre la base de un programa socialista.

El domingo 1 de noviembre, a la 1:00 p.m. hora del este, el Partido Socialista por la Igualdad celebrará una reunión electoral en línea, “En vísperas de las elecciones de guerra civil: el colapso de la democracia estadounidense y la lucha por el socialismo”, para examinar la conspiración de Trump y cómo combatirla.

(Publicado originalmente en inglés el 28 de octubre de 2020)