Los informes de los familiares más cercanos de Julian Assange han confirmado que el estado británico está jugando a la ruleta rusa con la vida del fundador de WikiLeaks que está encarcelado. Las autoridades lo exponen al peligro de infección por COVID-19 a pesar de que los principales expertos médicos advirtieron que correría un alto riesgo de sucumbir al virus como resultado de una afección pulmonar crónica y una serie de otros problemas médicos.

La semana pasada, WikiLeaks anunció que Assange y todos los demás reclusos de su “House Block” (bloqueo de celdas) en la prisión de Belmarsh de Londres habían sido sometidos a un cierre indefinido, provocado por el descubrimiento de al menos tres casos de COVID-19. Además de detener a los presos en sus celdas las 24 horas del día, las autoridades de Belmarsh iniciaron un programa de pruebas masivas.

Los resultados, según se les ha informado a los presos, muestran un brote que está fuera de control.

Esta mañana, Stella Moris, pareja de Assange, escribió en Twitter: "Hoy me han dicho que la cantidad de personas infectadas con #COVID en el House Block de Julian es 56, incluido el personal".

El desglose de casos, entre presos y personal, sigue sin estar claro, pero una publicación anterior de Moris indicó ayer que la gran mayoría de las infecciones se produjeron entre los presos.

Moris señaló que hay menos de 200 presos en el bloque uno, lo que indica una tasa de infección de más del 25 por ciento. Si los casos se limitan al ala de Assange, donde solo hay 70 reclusos, la proporción de prisioneros infectados podría llegar al 70 por ciento.

Las cifras sugieren una transmisión generalizada dentro del bloque. A lo largo de la pandemia, las cárceles han actuado como incubadoras virtuales del virus. Los riesgos inherentes de una gran población en continuo confinamiento se han visto agravados por el hacinamiento, la mala ventilación, el estado deteriorado de las penitenciarías y la incapacidad de las autoridades para tomar las precauciones más mínimas contra el COVID-19.

El brote en Belmarsh coincide con un aumento importante de casos en todo el sistema penitenciario británico. Las cifras oficiales del Ministerio de Justicia revelaron más de 600 infecciones desde finales de septiembre hasta finales de octubre. Desde marzo, ha habido unos 1.600 casos confirmados y al menos 32 muertes.

Además de la negligencia deliberada de exponer a decenas de miles de prisioneros, la mayoría de ellos pobres y de clase trabajadora, a un virus potencialmente mortal, existe una criminalidad política específica en el trato que la prisión da a Assange.

Se encuentra detenido en una prisión de máxima seguridad, a pesar de que no ha sido condenado por ningún delito.

La detención de Assange es únicamente para facilitar los procedimientos de su extradición a los Estados Unidos, donde el fundador de WikiLeaks enfrenta 17 cargos de la Ley de Espionaje y 175 años de prisión, por publicar documentos verdaderos y de interés periodístico que exponen crímenes de guerra, abusos de derechos humanos e intrigas políticas que afectan a millones de personas.

El intento de enjuiciamiento estadounidense ha sido condenado como un asalto frontal a las libertades civiles por decenas de grupos de derechos humanos, como una violación del derecho internacional por parte de cientos de expertos legales y un intento de revocar la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege la libertad de la prensa.

Como dijo sin rodeos ayer la madre del fundador de WikiLeaks, Christine Assange, en Twitter: "¡Si mi hijo muere de # Covid19, será un asesinato!" Ella describió la negativa de las autoridades a prestar atención a las advertencias sobre la precaria salud de Assange y la desestimación por parte del poder judicial británico de una solicitud de fianza de emergencia en marzo.

Christine Assange también alegó que "Belmarsh está poniendo todos sus casos de Covid en su ala". Esta afirmación, aunque difícil de verificar, encaja con los informes de agosto de que Assange no había recibido una máscara, la forma más básica de equipo de protección, desde que comenzó la pandemia. La imagen que surge es de un intento deliberado de matar al fundador de WikiLeaks, que se ejecuta en paralelo al intento de encarcelarlo de por vida por actividades de publicación lícitas.

La flagrante ilegalidad de esta operación fue aún más subrayada por la publicación ayer de una declaración de expertos médicos, organizada en el grupo Médicos por Assange, exigiendo la liberación inmediata del fundador de WikiLeaks.

El documento comenzó señalando que había pasado exactamente un año desde que Médicos por Assange advirtió públicamente por primera vez sobre los peligros para su salud y exigió su retiro de Belmarsh. En ese tiempo, el número de expertos médicos que apoyan la iniciativa ha aumentado de 65 médicos a más de 350 en todo el mundo.

La declaración dice: “[Un] año después, la tortura y la negligencia médica del Sr. Assange no solo continúa sin cesar, sino que se ha intensificado. Continúa privado de libertad arbitrariamente en la prisión de Belmarsh, según lo determinado por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria, encarcelado por actividad periodística que era legal cuando y donde ocurrió y sigue siéndolo. El relator especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura lo ha encontrado en riesgo de muerte y es víctima de tortura psicológica”.

El documento describe los riesgos para Assange de la pandemia de COVID-19, las dolencias físicas, incluida la osteoporosis, y los problemas psicológicos agudos derivados de su persecución de una década, que han resultado en períodos prolongados de depresión grave e ideas suicidas.

La declaración concluyó: “Médicos por Assange se une a las principales autoridades de derechos humanos y libertad de prensa del mundo para pedir la libertad de Julian Assange de encarcelamiento y extradición por la actividad editorial. Como mínimo, Julian Assange debe ser puesto en libertad con urgencia a detención domiciliaria por razones médicas, de acuerdo con su derecho humano a la vida y la salud, y en línea con la obligación médica inviolable de no causar daño”.

Además de acusar al gobierno británico por poner en peligro la vida de Assange, la declaración condenó al gobierno australiano por negarse a intervenir en su defensa, a pesar de que el editor de WikiLeaks es un ciudadano y periodista australiano.

Todos los partidos oficiales en Gran Bretaña, Australia y Estados Unidos están implicados en la campaña contra Assange y han apoyado, directa o tácitamente, su persecución en línea con su respaldo a la guerra imperialista.

Los peligros actuales también resaltan el papel criminal de los medios corporativos. Los primeros informes del brote de Belmarsh la semana pasada originaron solo los artículos más superficiales en un puñado de medios británicos y australianos. Las declaraciones de Moris durante los últimos dos días sobre el alcance de las infecciones en el ala de Assange, hasta la fecha, no han sido reportadas por una sola publicación de los medios de comunicación.

La total indiferencia del "cuarto poder" hacia un periodista y preso político encarcelado sin cargos y expuesto deliberadamente a una pandemia mortal, personifica el carácter de la prensa como un adjunto de los gobiernos y las agencias de inteligencia. Aunque está ocurriendo en Gran Bretaña, el tratamiento de Assange no estaría fuera de lugar en la más despótica de las dictaduras, donde los disidentes políticos son encarcelados y su difícil situación oculta por los medios controlados por el estado.

También es digno de mención que, a pesar de la explosión de infecciones por coronavirus en el sistema penitenciario, una búsqueda en Google News de "coronavirus en las prisiones británicas" arroja solo dos artículos dedicados al tema durante las últimas semanas, ambos del derechista Daily Mail. La “prensa liberal” oficial, incluidas publicaciones como The Guardian y the Independent, solo han hecho referencia a los brotes masivos tras las rejas de pasada.

La hostilidad de los editores de la clase media alta hacia Assange y los derechos democráticos, y su desinterés por las condiciones que enfrentan las capas más oprimidas de la población, van de la mano.

La difícil situación de los prisioneros es paralela a la situación que enfrenta la clase trabajadora en su conjunto. Millones de personas se han visto amenazadas por las políticas homicidas de "inmunidad colectiva", adoptadas por los gobiernos con la intención de garantizar la explotación capitalista continua y la obtención de ganancias corporativas, incluso si resultan en infecciones y muertes masivas.

Los peligros a los que se enfrenta Assange, y la negativa de cualquier sector del establecimiento político y mediático a defenderlo, demuestra una vez más que la lucha por su libertad depende del desarrollo de un movimiento político independiente de la clase trabajadora. La demanda de la liberación inmediata de Assange debe ser asumida por trabajadores en Gran Bretaña e internacionalmente que están entrando en lucha contra los mismos gobiernos que buscan destruir al valiente periodista y editor.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 25 de noviembre de 2020)