Una semana antes del día de la inauguración presidencial, surgen cada vez más amenazas de violencia fascistizante de la ultraderecha, incluso mientras las agencias militares y de inteligencia y el Partido Republicano ocultan información clave sobre el intento de colpe de Estado del 6 de enero.

Existe un nivel extremo de inestabilidad y conflicto dentro del propio aparato estatal. La tarde de ayer, el Estado Mayor Conjunto envió un memorándum a todas las fuerzas armadas afirmando que la posición del ejército es que Biden fue elegido. Este extraordinario mensaje, sin precedente en la historia estadounidense, indica que la cúpula militar no está segura si va a poder controlar a sus propias fuerzas.

El memorándum declara que los militares deben “apoyar y defender la Constitución. Cualquier acto para interrumpir el proceso democrático no solo se opone a nuestras tradiciones, valores y juramento; va en contra de la ley”. El año pasado, una encuesta militar descubrió que una tercera parte de los miembros del ejército había evidenciado personalmente actividades fascistas dentro de las filas.

Político reportó que el congresista demócrata de Colorado, Jason Crow, habló con el secretario del Ejército, Ryan McCarthy, el fin de semana sobre la lealtad de los 20.000 soldados de la Guardia Nacional siendo desplegados en Washington DC para la inauguración “para garantizar que los miembros desplegados no tengan simpatías con los terroristas nacionales”. No obstante, la posibilidad de manifestaciones pro-Trump en varios capitolios estatales significa que no será posible filtrar todas las unidades desplegadas en todo el país.

La amenaza contra los oficiales electos también está aumentando. Los congresistas demócratas revelaron que recibieron un informe de oficiales de inteligencia el lunes por la noche sobre un complot derechista para emprender violencia masiva si el vicepresidente Pence y el gabinete activan la Vigesimoquinta Enmienda, así como para obstaculizar la inauguración del 20 de enero.

El congresista demócrata Conor Lamb le comentó a CNN:

Estaban hablando de 4.000 “patriotas” armados para rodear el Capitolio y prevenir que entraran demócratas. Han publicado reglas de combate, lo que significa cuándo o no disparar. Así que este es un grupo organizada que tiene un plan.

Según un reporte del Huffington Post, los oficiales de seguridad también les dijeron en la llamada que “hay que obligar a que todos los miembros del Congreso pasen por un detector de metales antes de la inauguración”. Un legislador le dijo al Huffington Post que esto provocó “que abrieran bien ojos con el entendimiento” de que los oficiales de seguridad consideraban a “todos esos miembros alineados con los insurrectos que aman cargar sus armas” una amenaza para las vidas de Biden, la vicepresidenta electa Kamala Harris y los legisladores demócratas.

A pesar de estas amenazas, el FBI y el Departamento de Justicia realizaron una rueda de prensa defensiva ayer en la que los oficiales minimizaron la información que tenían previo al 6 de enero, afirmando que los incidentes fueron el resultado de “percepciones erróneas” del público”. Los oficiales de alto rango del FBI y el Departamento de Justicia le restaron importancia a la rueda de prensa, asignándosela a subordinados de bajo rango. El director Christopher Wray del FBI no ha aparecido en público desde la revuelta del miércoles.

Un artículo del Washington Post ayer reveló que el FBI sabía de antemano el extraordinario peligro de los planes fascistas para movilizarse en el Capitolio pero se rehusó a actuar. El artículo, intitulado “Reporte del FBI advirtió de una ‘guerra’ en el Capitolio, contradiciendo afirmaciones de que no hubo indicios de violencia inminente”, cita un reporte de la oficina de la agencia en Norfolk, Virginia, que advierte de “llamados específicos de violencia”.

NBC News reportó ayer que 50 oficiales armados del Departamento de Seguridad Nacional holgazaneando a 13 cuadras del Capitolio cuando la horda de extrema derecha irrumpió en las cámaras, pero que no fueron enviados ahí. El director en funciones del Departamento de Seguridad Nacional, Chad Wolf, renunció el lunes sin previo aviso, dejando al administrador de la agencia de emergencias FEMA, Pete Gaynor, una figura relativamente poco conocida, a cargo del departamento.

Ayer, Donald Trump pronunció lo que solo puede ser descrito como amenazas de violencia contra sus oponentes políticos. Hablando a reporteros de la Casa Blanca antes de viajar a Texas para un mitin, Trump dijo que su discurso el miércoles instigando el intento de golpe fue “totalmente apropiado” y advirtió que el voto planificado para someterlo a un juicio político está “causando un tremendo peligro para nuestro país y un tremendo enojo”. Como un mafioso a su víctima, añadió, “No quiero violencia”.

En Texas, Trump hizo un discurso a pocos metros de la frontera militarizada con México, sobre una plataforma cubierta con redes de camuflaje de combate. Dijo, “la Vigesimoquinta Enmienda no representa ningún riesgo para mí, pero va a regresar a aterrorizar a Joe Biden y al Gobierno de Biden. Tengan cuidado con lo que desean”.

Al mismo tiempo, considerando su posición si no permanece en el cargo tras el día de la inauguración, reprodujo los llamados de otros republicanos a “sanar”. Denunció el impulso del Congreso para someterlo a un juicio político, afirmando: “Este es el momento par que nuestra nación sane”.

El llamado a “sanar”, “la paz y la calma” está en línea con las declaraciones de los oficiales del Partido Demócrata, con Biden a la cabeza. Biden le ha pedido al Congreso que cualquier audiencia de juicio político reciba un bajo grado de prioridad, implicando también cualquier investigación sobre los eventos del 6 de enero, para que su Gobierno pueda confirmar los cargos de su gabinete de seguridad nacional y corregir el curso de la política exterior imperialista de EE.UU.

El New York Times reportó ayer que el “equipo de transición espera persuadir a los senadores republicanos a que ayuden a confirmar pronto a sus nominados más importantes de seguridad nacional, con el objetivo de confirmarlos el día de la inauguración, el próximo miércoles”.

Citando una entrevista ayer con la secretaria de prensa entrante de Biden, Jen Psaki, el Washington Post reportó que “Biden y sus asesores han mantenido firmemente su creencia de que las tensiones partidistas del país eventualmente se calmarán. Aquellos en su círculo siguen sin preocuparse por el hecho de que una mayoría de los republicanos en la Cámara de Representantes intentó anular los resultados electorales la semana pasada incluso después del ataque al Capitolio”.

El Post citó los comentarios de Hilary Rosen, titular de la firma consultora cercana a Biden. Afirmó que Biden está nominando a oficiales para cargos en su Gobierno que “toman el compromiso de Biden de sanar con mucha mayor seriedad”.

Biden se ha opuesto consistentemente a cualquier investigación más amplia sobre las fuerzas detrás del golpe de Estado del 6 de enero, incluyendo a los republicanos de alto rango que le ofrecieron a Trump una cubierta política al legitimar la mentira de que la elección fue robada. La semana pasada, insistió en la necesidad de un Partido Republicano “fuerte” y rechazó los llamados de que los senadores Ted Cruz y Josh Hawley, ambos importantes partidarios de Trump, debían renunciar.

Tales declaraciones son una advertencia de que los sectores en conflicto de la clase gobernante están preparados para alcanzar un acuerdo para integrar aún más a la extrema derecha en la élite política estadounidense.

Después de todo, las fuerzas que se movilizaron para secuestrar y asesinar a la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, fueron promovidas por poderosas fuerzas dentro de la clase gobernante que se opusieron a cualquier límite sobre la producción y las ganancias empresariales relacionada con el coronavirus. Este movimiento de “regreso al trabajo” contó con un apoyo bipartidista.

Si se alcanzara un acuerdo, sería recibido con aplausos unánimes por la prensa corporativa y la élite política, cuyo objetivo es mantener los niveles récord de ganancias y obligar a los trabajadores a regresar a trabajar durante la pandemia. Esta dinámica fundamental demuestra que el blanco de este proceso es la clase obrera.

Ante la falta de una intervención independiente de la clase obrera con base en un programa socialista, tal acuerdo solo puede abrir la puerta a crímenes aún mayores. En su declaración del 12 de enero, “¡Movilicen a la clase obrera contra la conspiración de Trump! ¡Preparen una huelga general política!”, el Partido Socialista por la Igualdad escribió:

La clase obrera necesita responder con una huelga general a los intentos de hordas ultraderechistas, instigadas por el criminal político Donald Trump y sus cómplices del Partido Republicano en el Senado y Congreso, de amenazar las vidas de representantes electos y capturar edificios gubernamentales y otros lugares estratégicos, tanto en Washington DC como en las capitales estatales de todo el país.

Los eventos han confirmado la urgencia de este llamado. La intervención independiente de los trabajadores debe combinarse con la demanda de una investigación exhaustiva y abierta sobre todos los aspectos del golpe del 6 de enero de 2021 y la incitación continua de violencia fascista.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 13 de enero de 2021)