El Tribunal Constitucional de España, encargado de determinar la constitucionalidad de todas las leyes del país, ha dictaminado que el régimen fascista de 1939-1978 bajo el general Francisco Franco no cometió crímenes contra la humanidad. El fallo constituye un respaldo por parte de uno de los principales tribunales de la Unión Europea a un régimen fascista de cuatro décadas y su política de asesinato en masa y represión.

Ello es parte del desarrollo de las ramificaciones globales del golpe del 6 de enero en Washington encabezado por Donald Trump, con buena parte del Partido Republicano y el aparato del Estado. Envalentonada por los llamamientos del Partido Demócrata a la "unidad" con los conspiradores golpistas fascistas, la adopción de una agenda ultraderechista por parte de los gobiernos europeos, y el papel de los grupos de la pseudoizquierda en minimizar la amenaza fascista, el Tribunal Constitucional puede negar públicamente las atrocidades cometidas por el fascismo español.

Hay que advertir a los trabajadores y jóvenes del mundo. Si los crímenes del fascismo están siendo rehabilitados, es porque sectores poderosos de la clase gobernante están planeando llevar a cabo una contrarrevolución preventiva contra la oposición masiva contra la desigualdad social y las políticas homicidas de la "inmunidad de la manada" (de grupo o colectiva).

El miércoles, el Tribunal Constitucional falló por 9 a 3 rechazar la apelación presentada por Gerardo Iglesias por las torturas que sufrió bajo el régimen franquista. Iglesias, antiguo secretario general del Partido Comunista de España (PCE) y fundador de la coalición Izquierda Unida, que dirige el PCE, apeló la decisión de un juez regional de no atender su demanda en mayo de 2018.

Iglesias presentó una demanda junto con las de dos activistas antifranquistas que también sufrieron tortura, Vicente Gutiérrez Solís y Faustino Sánchez García. El acusado, Pascual Honrado, era un exjefe de la Brigada Político-Social de la región de Asturias. Este era un cuerpo de la policía secreta, calcada de la Gestapo de la Alemania nazi, encargada de reprimir los movimientos de oposición. La extradición de Honrado requerida por un tribunal argentino fue denegada por el gobierno del Partido Popular (PP) en 2015.

Gerardo Iglesias describió a Honrado como una "verdadera bestia" en una rueda de prensa en 2018. Según la demanda, Iglesias fue sometido a tortura policial en tres ocasiones —en 1964, 1966 y 1974— por sus actividades políticas y sindicales.

El Tribunal argumentó contra la apelación de Iglesias basándose en que los "presuntos crímenes" habían prescrito. Además, la Ley de Amnistía de 1977, que fue respaldada por el PCE durante la Transición, protege todos los crímenes cometidos por el régimen fascista.

Iglesias luego argumentó que representaban crímenes contra la humanidad, que no prescriben. Los jueces respondieron argumentando desvergonzadamente que los crímenes contra la humanidad no existían en el Código Penal español de la época —es decir, cuando el régimen fascista todavía tenía el poder y estaba cometiendo esos crímenes— y afirmó de manera provocadora que los crímenes alegados no encajan en esa categoría.

Está establecido de manera incuestionable, sin embargo, que la tortura de Iglesias es parte de los crímenes contra la humanida cometidos por el régimen fascista del general Francisco Franco. A pesar de los intentos por imponer una amnesia colectiva de sus crímenes, la clase gobernante española, tanto bajo la dictadura como en el actual régimen postfranquista, ha tenido que enfrentarse al hecho de que sus crímenes fueron registrados de innumerables maneras —en decenas de miles de libros, películas, canciones y obras de arte. Es más, poco más de la mitad de la población española nació antes de que cayera el régimen fascista español fundado por Franco.

Entre los crímenes del régimen franquista se encuentran:

• El asesinato de cerca de 200.000 opositores políticos, intelectuales y trabajadores de izquierdas durante la Guerra Civil. Aproximadamente 75.000 fueron ejecutados extrajudicialmente tras las líneas fascistas.
• Ataques deliberados a civiles en bombardeos que mataron a cerca de 10.000 civiles.
• El apoyo a la Alemania nazi en su guerra de exterminio contra la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Mandó a 45.000 fascistas, la llamada División Azul, al frente del este.
• La detención de entre 700.000 y un millón de personas en 300 campos de concentración desde la Guerra Civil española y hasta los '40. Muchos murieron de desnutrición y hambruna.
• El uso de aproximadamente 400.000 trabajadores izquierdistas como mano de obra esclava en la construcción de infraestructuras.
• El robo de 300.000 bebés a madres pobres o izquierdistas.
• La ilegalización de todos los sindicatos y partidos políticos y la criminalización de las huelgas y las protestas.
• La tortura generalizada de presos políticos en comisarías de policía y calabozos.
• La censura de diarios y libros de izquierdas.
• La supresión de los idiomas y tradiciones de las minorías nacionales, que incluye las de catalanes, vascos y gallegos.

Hasta la fecha, solo una persona ha sido juzgada por esos crímenes: Baltasar Garzón. En 2008, el exjuez abrió una investigación de los crímenes contra la humanidad cometidos por las fuerzas fascistas durante la Guerra Civil española y los años siguientes. Se lo acusó de abusar de su autoridad judicial. Con esos argumentos, la carrera de Garzón, que abarcaba tres décadas, quedó concluida.

Que el Tribunal Constitucional pueda afirmar que todo lo de más arriba no son crímenes contra la humanidad expone el carácter podrido del partido populista de izquierdas Podemos, el principal socio en la coalición de gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Confiado de que no será desafiado por lo que la élite gobernante hace pasar por la izquierda española, el Tribunal puede hacer las afirmaciones más reaccionarias y grotescas.

Hasta el momento, Podemos no ha posteado siquiera un tuit, ni que hablar de hacer una declaración sobre este fallo reaccionario. Ello, a pesar de que el PCE, al que pertenece la víctima de tortura Gerardo Iglesias, es parte de Podemos.

La sentencia apenas si salió en los medios. Lo último que quiere Podemos es promover el asunto de la amenaza fascista y las ramificaciones internacionales del fallo, preocupado, sobre todo, de que desencadene un movimiento contra su propio gobierno.

Podemos solo reconoce el peligro de la extrema derecha cuando explota la ira de masas, pero si no intenta guardar un silencio total sobre el tema. Una de las pocas veces en las que habló claramente sobre el tema fue en diciembre, cuando se filtraron los chats de WhatsApp de un grupo de varios generales retirados que proclamaban su lealtad a Franco y exigían el asesinato en masa de votantes de izquierdas para "extirpar el cáncer". Un exgeneral escribió. "¡Creo que lo que echo en falta es fusilar a 26 millones de personas!!!!!!!!".

El dirigente de Podemos Pablo Iglesias guardó silencio durante días, solo para salir en la televisión pública en horario de mayor audiencia después de que la ira de las masas estallara en las redes sociales. Insistió descaradamente en que "Lo que digan estos señores, a su edad y ya jubilados, en un chat y con unas copas de más, no plantea ninguna amenaza".

En las semanas siguientes, la cínica estratagema de Iglesias quedó expuesta. Surgieron vídeos de soldados españoles entonando cánticos fascistas y neonazis y haciendo el saludo fascista y chats de WhatsApp revelaron a soldados en servicio activo apoyando los llamamientos de los generales fascistas a matar a 26 millones de personas. Luego, el 6 de enero, mientras Trump lanzaba un golpe fascista en Washington, el teniente general retirado Emilio Pérez Alamán envió una [carta] (https://www.wsws.org/es/articles/2021/01/11/espa-j11.html) a la ministra española de defensa pidiéndole un "cambio de rumbo" del gobierno del PSOE y Podemos.

Todas estas amenazas fascistas son parte de un complot golpista que se intensifica por parte de sectores de la clase gobernante española, ahora envalentonada por los acontecimientos en los EEUU y otros países, con el objetivo de establecer una dictadura para imponer el dictado de la inmunidad colectiva de los bancos.

Este fallo judicial reaccionario del Tribunal Constitucional recalca que los trabajadores europeos deberían apoyar la demanda del Partido Socialista por la Igualdad (EEUU) para una investigación abierta, pública y transmitida en directo de todos los aspectos y todos los aliados del golpe fascista del 6 de enero en Washington. La exposición de los conspiradores golpistas en Washington solo fortalecerá las demandas por una exposición total de los conspiradores golpistas en España.

(Publicado originalmente en inglés el 29 de enero de 2021)