Con cifras récord de muertes a diario, un colapso nacional del sistema hospitalario, más variantes infecciosas que se propagan rápidamente y menos del 5 por ciento de la población vacunada, la pandemia de COVID-19 en Brasil ha alcanzado un nivel de catástrofe total.

El miércoles, el país tuvo un récord de 2.349 muertes por COVID-19. Con este número asombroso, 50 por ciento más alto que el pico alcanzado durante la primera ola de la pandemia, Brasil ha superado el hito de 270.000 muertes por coronavirus. De este total, este año se han producido 75.941 muertes. El mismo día se registraron 80.955 nuevos casos, alcanzando el mayor número de nuevas infecciones de toda la pandemia.

La gravedad del colapso del sistema de salud del país fue subrayada por un comunicado de la Fundación Oswaldo Cruz, informando que 15 de las 27 capitales de estado de Brasil ya tienen el 90 por ciento de sus camas de UCI ocupadas por pacientes que padecen casos severos de COVID-19. Otras diez capitales se encuentran en una “situación extremadamente crítica”, es decir, por encima del 80 por ciento de ocupación de UCI.

La predicción hecha por el neurocientífico Miguel Nicolelis, de que Brasil podría llegar a 2.000 muertes por día en los próximos días y 3.000 muertes por día en las próximas semanas, se está cumpliendo trágicamente. Esto significa que en los próximos tres meses se duplicará el número total de muertos del país.

El científico definió a Brasil como un laboratorio al aire libre para la creación de las mutaciones más peligrosas de COVID-19 y posiblemente incluso un nuevo virus, un SARS-CoV-3 aún más infeccioso y letal. Este potencial devastador ya ha sido demostrado por la aparición de la variante del coronavirus P.1 el año pasado en Manaos, que es más contagiosa, puede provocar reinfecciones y ser resistente a las vacunas.

La espiral fuera de control de la pandemia en Brasil presenta graves peligros no solo para la población de Brasil, sino para todo el planeta. Es el resultado de la política de inmunidad colectiva criminal ampliamente adoptada por las clases dominantes del mundo y promovida de manera más agresiva por el Gobierno brasileño, que ha permitido deliberadamente que el virus se propague por toda la sociedad.

Una política científica para combatir la pandemia, con el cierre de todas las actividades no esenciales seguido de pruebas y rastreo de contactos, nunca se implementó en ninguna parte del país.

En mayo de 2020, cuando Brasil aún registraba 12.000 muertes por COVID-19, los representantes de las mayores asociaciones empresariales marcharon junto al presidente fascistizante Jair Bolsonaro para denunciar las mínimas medidas restrictivas tomadas por los Gobiernos locales, diciendo que “han ido demasiado lejos”. Bolsonaro prometió a los capitalistas que libraría una “guerra contra los cierres”.

Las demandas sociopáticas de la burguesía nacional no fueron resistidas por ningún partido del establishment político brasileño, incluida la llamada oposición liderada por el Partido de los Trabajadores (PT). Por el contrario, desde entonces, todas las acciones de los Gobiernos estatales de todas las vertientes políticas se han dirigido a acabar con las políticas de distanciamiento social.

Los educadores desafían la política homicida de la clase dominante

Incluso después del desastroso ejemplo de la segunda ola de la pandemia en Europa y Estados Unidos, con cifras récord de casos y muertes, y frente al asombroso aumento de estas cifras en el propio Brasil desde fines del año pasado, la clase dominante presionó para una amplia reapertura de las aulas en todo el país. Una campaña de propaganda coordinada entre los Gobiernos federal y estatal y los medios corporativos atacó brutalmente las conclusiones científicas de que las escuelas son los principales vectores de la propagación del virus y buscó imponerse a la opinión generalizada entre la población brasileña de que reabrir las escuelas no es seguro.

En el estado de São Paulo, el más afectado por el coronavirus con más de 60.000 muertes registradas, el gobernador João Doria del Partido Socialdemócrata Brasileño (PSDB) ha definido las clases presenciales como un servicio esencial que debe ser continuado independientemente de la gravedad de la pandemia.

El carácter homicida de esta política ya ha sido ampliamente expuesto. Desde que las escuelas de São Paulo comenzaron a reabrir el 1 de febrero, ya se han reportado 21 muertes, dos de estudiantes y el resto de educadores, junto con 4.084 infecciones confirmadas por COVID-19 y otros 24.345 casos sospechosos.

Esta situación obligó el jueves al gobernador Doria a anunciar medidas más restrictivas para evitar un colapso total del sistema de salud, al tiempo que enfatizó que esto no es un “confinamiento”. Las industrias y los servicios tendrán sus horarios de apertura y cierre escalonados para reducir el hacinamiento en el transporte público, mientras que las escuelas privadas podrán mantener hasta el 35 por ciento de los estudiantes en clases. Las escuelas públicas del estado de São Paulo tendrán un receso escolar durante las próximas dos semanas, pero tienen programado reanudar las clases después.

Una catástrofe aún mayor ha sido evitada por la acción independiente de los educadores en São Paulo, que se declararon en huelga contra las reaperturas escolares el 8 de febrero en la red pública estatal y tres días después en el sistema escolar municipal de la capital. El sábado pasado, los maestros de las escuelas privadas en São Paulo también votaron a favor de iniciar una huelga a partir de este jueves.

Después de un mes, la huelga de maestros en São Paulo se encuentra en una coyuntura crítica. La huelga continúa debido únicamente a la determinación de los educadores de base, que se enfrentan a un sabotaje deliberado por parte de los sindicatos. Tanto el APEOESP como el SINPEEM, los mayores sindicatos de educadores de São Paulo, trabajan sin descanso para dividir a los maestros, reprimir sus iniciativas independientes y desgastarlos para enterrar la huelga.

Pero el movimiento de los educadores está siendo impulsado por poderosas fuerzas sociales. Además de las huelgas de nuevos maestros en estados como Santa Catarina y Paraná, existe un creciente descontento dentro de la población brasileña en su conjunto por la negligencia del Gobierno hacia la pandemia, y una ola de malestar se está extendiendo a través de diferentes capas de la clase trabajadora.

Las huelgas y protestas de la clase trabajadora se extienden por todo Brasil

Hoy, cualquier gota amenaza con desbordar los diques que contienen la oposición social.

El aumento de los precios del combustible la semana pasada provocó huelgas salvajes y protestas de camioneros, conductores de Uber y trabajadores de reparto de aplicaciones en diferentes regiones de Brasil. En varias ocasiones, los manifestantes se dirigieron a las refinerías de petróleo, agitando entre los trabajadores petroleros, que han convocado una huelga contra el aumento de las infecciones por COVID-19 y las amenazas de privatizar sus instalaciones.

También estallaron manifestaciones entre los operadores de los centros de llamadas, quienes en marzo del año pasado iniciaron la primera respuesta de la clase trabajadora brasileña a la pandemia de COVID-19, levantando el poderoso grito: “¡No vamos a morir en nuestros cubículos!”.

Exigiendo mejores salarios, oponiéndose a la cancelación de sus planes de salud y denunciando las negociaciones entre la empresa y el sindicato, los operadores de AlmaViva en Aracaju, Sergipe, realizaron una protesta el pasado lunes. Los trabajadores gritaron: “¡Huelga, ya! ¡Huelga, ya!”. Al día siguiente, se llevó a cabo una protesta espontánea contra condiciones similares en la empresa Liq en Salvador, Bahía. El grupo de redes sociales Senzala80, organizado independientemente por los trabajadores de la empresa, declaró: “Esto se llama incumplimiento de contrato. Firmamos un contrato en el que se nos otorgó el derecho a un plan de salud y, en medio de una pandemia, nos quitaron nuestro derecho a la atención médica. ¿Y el sindicato hace qué por los operadores? NADA”.

Durante el último año, ha habido continuas huelgas de conductores de autobuses y cobradores de tarifas, que han sufrido 70.000 despidos desde el comienzo de la pandemia y, en muchos casos, han retrasado sus salarios durante meses. Una huelga de conductores de autobuses duró un mes en Teresina, la capital de Piauí; el lunes se inició una huelga en Vitória, capital de Espírito Santo; El próximo lunes comenzará una huelga en São Luís, capital de Maranhão. En muchas otras ciudades se está desarrollando la misma situación.

A principios de febrero, la Confederación Nacional de Trabajadores del Transporte Terrestre, que incluye a más de 300 sindicatos de conductores de autobuses, envió una carta al Gobierno federal y al Congreso exigiendo el financiamiento de las empresas de transporte del país. Expresando el nerviosismo de los sindicatos por el malestar en sus filas, el documento declara: “Destacamos que las medidas anteriores son urgentes y apuntan, en esta primera instancia, a mitigar el creciente movimiento HUELGA GENERAL estimulado (legítimamente) por los sindicatos y federaciones locales”.

¡Ningún sindicato local está exigiendo una huelga general! Pero temen que serán incapaces de contener a los trabajadores de base que se dirigen en esta dirección. Estas preocupaciones son compartidas por toda la clase dominante. En las altas esferas del Estado, la semana pasada se desencadenó una alerta roja por el estallido de manifestaciones masivas en Paraguay contra la desastrosa mala gestión de la pandemia por parte del aliado fascistizante de Bolsonaro, el presidente Mario Abdo Benítez. La amenaza de que estas protestas cruzarán la frontera e “infectarán” a las masas brasileñas, que enfrentan fundamentalmente la misma catástrofe que sus hermanos y hermanas paraguayos, no está siendo subestimada dentro de los círculos gobernantes.

Un programa socialista contra la pandemia COVID-19

Hasta ahora, la respuesta a la pandemia ha sido dictada por la clase capitalista. Los intereses de lucro privado han prevalecido sobre el interés social de preservar vidas. Mientras que cientos de miles han muerto por COVID-19 y millones más fueron arrojados al desempleo y la miseria en Brasil, la oligarquía capitalista parasitaria ha aumentado enormemente su participación en el ingreso nacional.

Las mismas actividades económicas que provocaron los brotes de COVID-19 entre los trabajadores garantizaron ganancias obscenas para las corporaciones capitalistas y sus accionistas. Las empresas empacadoras de carne, responsables de la propagación de la pandemia al interior de Brasil y de los mayores brotes en estados como Rio Grande do Sul, que ahora enfrenta un colapso total del sistema de salud, han tenido ganancias récord en 2020.

El productor de acero Usiminas tuvo un crecimiento del 243 por ciento en las ganancias en 2020, el más alto de los últimos diez años. Mientras tanto, la región del Valle del Acero, cuya economía está dominada por la empresa, ha registrado la segunda tasa de mortalidad más alta en Minas Gerais y está al borde del colapso sanitario.

El fin de la prolongada pesadilla de la pandemia del COVID-19 requiere una lucha política de la clase obrera contra el sistema capitalista, organizada independientemente de los sindicatos corporativistas y de todos los partidos de la burguesía.

La lógica del desarrollo del movimiento que comienza a tomar forma en diferentes sectores de la clase obrera brasileña es hacia la unificación de estas luchas crecientes en una huelga general, que cierre todas las actividades económicas no esenciales, establezca el control de los trabajadores sobre los lugares de trabajo que continúen operando y exija ingresos completos para todas las familias trabajadoras.

Para ello, es necesario construir comités de base en los diferentes lugares de trabajo y barrios, que permitan a los trabajadores liberarse del maligno control de los sindicatos sobre su movimiento. Estos comités deben adoptar un programa socialista de expropiación de las grandes corporaciones y las fortunas de los capitalistas, y para su reorientación para satisfacer los intereses sociales.

Tal acción independiente de la clase obrera brasileña tendrá una importancia internacional inmediata. Hay vidas en juego en todo el mundo, ya que las nuevas variantes más mortales del virus que emergen de Brasil cruzarán inevitablemente las fronteras nacionales. Una lucha librada por los trabajadores en Brasil, a su vez, será respondida de inmediato por sus hermanos y hermanas de todo el planeta.

La construcción del Grupo Socialista por la Igualdad (GSI) en Brasil como una sección del Comité Internacional de la Cuarta Internacional (CICI), la única fuerza política mundial que representa este programa socialista internacionalista, es el paso más fundamental hacia la victoria de los trabajadores.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 12 de marzo de 2021)