Mientras continúan las protestas en Cataluña y en toda España contra el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél, los medios de comunicación españoles y el gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Podemos han lanzado una frenética campaña para calumniar a los jóvenes que protestan como "terroristas" y "criminales". Hasél ingresó en prisión para cumplir una condena de nueve meses por falsas acusaciones de insultar a la monarquía e "incitar al terrorismo" en sus tuits y canciones.

La semana pasada, la Policía Nacional española comenzó a investigar si había habido planificación u organización "terrorista" detrás de las manifestaciones contra el encarcelamiento de Hasél, según el sitio de noticias en línea El Confidencial. La policía está analizando las estructuras internas de los grupos involucrados en la coordinación de las protestas para examinar si su división de responsabilidades, metodología y órganos de liderazgo se asemejan a los de las organizaciones terroristas, dijo El Confidencial.

Decenas de miles de manifestantes, en su mayoría de edades comprendidas entre los 16 y los 25 años, se han sumado a las protestas que se oponen a estos ataques antidemocráticos contra la libertad de expresión en ciudades como Barcelona, Valencia, Bilbao y Madrid. Las manifestaciones han tenido lugar fuera del control de los principales partidos políticos y sindicatos, con manifestantes organizándose a través de las redes sociales y canales de Telegram.

Los manifestantes se han enfrentado a la implacable brutalidad policial, con más de 200 personas heridas a manos de las fuerzas de seguridad. Una mujer de 19 años perdió un ojo tras ser alcanzada por una bala de espuma disparada por los Mossos d'Esquadra (policía autonómica catalana). Los manifestantes respondieron arrojando botellas y piedras a la policía, y algunos incidentes aislados de edificios o vehículos que fueron vandalizados o quemados. Al menos 137 personas han sido arrestadas solo en Cataluña, y más detenidas en otros lugares.

A principios de marzo, la Fiscalía del gobierno del PSOE-Podemos exigió otros cinco años y tres meses de prisión para Hasél, lo que desató más protestas. La nueva acusación se relaciona con la participación de Hasél en una protesta de 2018 contra el arresto del depuesto presidente catalán Carles Puigdemont en Alemania. El Ministerio Público afirma que Hasél y 10 coacusados intentaron irrumpir en un edificio del gobierno en la ciudad catalana de Lleida.

España es un polvorín social, con una creciente oposición al desempleo masivo, la pobreza, el paso del gobierno del PSOE-Podemos hacia un gobierno autoritario y su política de "inmunidad colectiva" sobre la pandemia. Aterrorizada por que las protestas se sigan extendiendo, toda la clase dominante demoniza implacablemente a los jóvenes que protestan y exige una represión brutal.

A finales de febrero, Pedro J. Ramírez, director del diario online de derecha El Español, apareció en el canal de televisión La Sexta para denunciar la situación "revolucionaria" en Cataluña, alegando que los manifestantes estaban lanzando "ataques en las técnicas de guerrilla urbana".

Los manifestantes proceden de una "minoría radicalizada en la órbita de Puigdemont" y son "de carácter xenófobo y herederos del antiguo fascismo catalán", afirmó Ramírez. "La mayoría son de extrema izquierda antisistema".

Los partidos nacionalistas catalanes se hicieron eco de estas histéricas denuncias. Miquel Sàmper, consejero de Interior de la Generalitat de Catalunya por el partido JxCat de Puigdemont, declaró que grupos vinculados al "comunismo combativo", al "anarquismo muy violento" y a un "gran número de delincuentes comunes" lideran las protestas.

Los medios de comunicación y los principales partidos también se han enfurecido por un incidente en el que ocho jóvenes que protestaban prendieron fuego a una camioneta de la policía en la que dos agentes aún se encontraban dentro. Los oficiales escaparon rápidamente de la camioneta y resultaron ilesos. Los manifestantes han sido encarcelados en espera de juicio por cargos de "intento de asesinato", agresión a agentes, desorden público, daño criminal, protesta ilegal y pertenencia a un grupo delictivo.

Sàmper respondió con una diatriba contra la "violencia pura, desenfrenada y sin precedentes" de las protestas en Cataluña. Ada Colau, alcaldesa de Barcelona y líder de Barcelona en Comú, una coalición que incluye a Podemos y la Iniciativa Cataluña-Verdes (ICV), también declaró su "más absoluto rechazo, la más firme y rotunda condena a los actos de violencia".

Salvador Illa, del PSOE, el candidato que más votos consiguió en las últimas elecciones catalanas, aprovechó para despotricar que "quien no condene explícitamente la violencia y no apoye a los Mossos d'Esquadra y las fuerzas y cuerpos de seguridad es incapaz de gobernar".

Según las noticias, la Corte Suprema ha abierto una investigación sobre el portavoz parlamentario de Podemos, Pablo Echenique, por supuestamente incitar a la violencia en un tuit de redacción suave en apoyo de las manifestaciones.

El 17 de febrero, Echenique tuiteó: "Todo mi apoyo a los jóvenes antifascistas que exigen justicia y libertad de expresión en las calles.... La mutilación violenta del ojo de la manifestante [por una bala de espuma de la policía] debe ser investigada y los responsables deben rendir cuentas de manera decisiva".

La investigación sobre Echenique se produjo por instigación del partido de extrema derecha Vox, que presentó una denuncia contra el portavoz de Podemos, alegando que apoyaba "actos terroristas".

Dos sindicatos de policías, la Confederación Española de Policía (CEP) y el Sindicato Unificado de Policía (SUP), también presentaron denuncias contra Echenique. Otra sociedad policial, JUPOL (Justicia Policial), declaró que Echenique había "fomentado el terrorismo callejero".

Esta campaña histérica llega tan solo una semana después de que Ignacio Garriga, presidente del grupo parlamentario de Vox en Cataluña, exigiera en rueda de prensa que "el movimiento antifascista debe ser declarado organización terrorista".

Este llamado a la ilegalización efectiva de las protestas antifascistas sale directamente del libro de jugadas del expresidente estadounidense Donald Trump, quien amenazó con declarar a Antifa organización terrorista en 2019. Trump intensificó su campaña para calificar a la oposición interna como terrorismo después de protestas masivas contra la brutalidad policial que sacudió a Estados Unidos el año pasado, en respuesta al asesinato policial de George Floyd. Al igual que con el ataque de Trump a "Antifa", una red flexible de individuos antifascistas, no una organización claramente definida, las demandas de Vox de designar al amplio "movimiento antifascista" como "terrorista" criminalizarían a muchos miles de individuos de izquierda que participan en protestas contra la violencia policial, los ataques a los derechos democráticos y la austeridad, independientemente de sus opiniones o acciones.

Posteriormente, Trump lanzó un fallido intento de golpe con el objetivo de revocar las elecciones presidenciales de EE. UU. el 6 de enero de 2021. El hecho de que el Partido Demócrata y la administración Biden hayan encubierto este intento de golpe y hayan tratado de ocultar sus implicaciones al público simplemente ha alentado mucho a fuerzas políticas de derecha en toda Europa, incluida España, para presionar de manera más agresiva por los ataques a los derechos democráticos.

Garriga insistió en que los grupos políticos que apoyan la "violencia" en Cataluña "deben estar sujetos a la actual ley de partidos". Esta ley, aprobada en 2002 con los votos del PSOE, Partido Popular (PP) y numerosos partidos autonómicos catalanes, andaluces y canarios, preveía la ilegalización de los grupos políticos de apoyo a la organización independentista vasca ETA, considerada grupo terrorista en España.

En la rueda de prensa, Garriga denunció a jóvenes y trabajadores en Cataluña que protestaban por el encarcelamiento de Hasél, alegando que "bandas organizadas de terroristas" habían llevado a cabo ataques violentos en Cataluña.

Garriga denunció falsamente al gobierno catalán y a los medios de comunicación por apoyar las protestas, declarando que "las instituciones catalanas, motivadas por el separatismo, están transfiriendo la impunidad absoluta a quienes cometen violencia, atacan comercios y causan destrucción en las calles". Los medios ocultan la verdadera ideología de los "responsables de los altercados de los terroristas callejeros", continuó, "que son separatistas y de extrema izquierda".

No es posible oponerse a esta campaña fascista apelando al gobierno PSOE-Podemos, que ha apoyado tácitamente el encarcelamiento de Hasél y la brutal represión de los manifestantes. La defensa de los derechos democráticos y la lucha contra el fascismo es necesariamente una lucha por el socialismo. Esto requiere una ruptura política decisiva con el partido de pseudoizquierda Podemos y sus satélites y la construcción de secciones del Comité Internacional de la Cuarta Internacional en España y en todo el mundo.

(Publicado originalmente en inglés el 11 de marzo de 2021)