Hace dos años, el domingo, el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, fue secuestrado de la embajada de Ecuador en Londres. Ha estado encarcelado desde entonces, luchando contra la extradición a los Estados Unidos, donde enfrenta cadena perpetua en condiciones bárbaras por denunciar crímenes de guerra, complots golpistas, vigilancia estatal masiva, tortura y corrupción.

El 11 de abril de 2019, el estado de asilo político de Assange fue revocado por el gobierno ecuatoriano y la policía británica ingresó al edificio de la embajada y se lo llevó a rastras. Los diarios recientemente publicados del exministro de Relaciones Exteriores, Sir Alan Duncan, confirman la participación de los más altos niveles del Estado en esta operación ilegal.

Duncan explica cómo vio al allanamiento policial de una transmisión en vivo desde la "Sala de operaciones en la parte superior del Ministerio de Relaciones Exteriores". Con el nombre en clave de "Pelícano", Duncan recordó cómo se veía uno de sus funcionarios, "con una corbata con motivos de pelícano". La entrada del diario de Duncan concluye: “Por fin, trabajo hecho, y tomamos una foto conmemorativa del equipo Pelícano. Habían necesitado muchos meses de pacientes negociaciones diplomáticas y, al final, todo salió bien. Hago millones de entrevistas, tratando de mantener fuera la sonrisa de mi cara".

El sadismo de la operación de robo y captura del Estado británico fue igualado solo por los esfuerzos degradados de la pseudoizquierda para vilipendiar a Assange y manchar su reputación en apoyo de una investigación de agresión sexual fabricada por Suecia en 2010. Temiendo con razón que su extradición a Suecia sería un trampolín hacia la extradición a Estados Unidos, Assange buscó asilo en la embajada ecuatoriana. Mientras estuvo allí, sus antiguos "socios mediáticos", sobre todo The Guardian, y una lista internacional de grupos de pseudoizquierda, lanzaron una despreciable campaña de calumnias por años para difamarlo como un depredador sexual.

El fraude sueco fue una operación de alto nivel. Cuando los fiscales señalaron en 2012 que era probable que abandonaran el caso —lo que finalmente hicieron por última vez en 2019— el Servicio de la Fiscalía de la Corona del Reino Unido (CPS) envió un mensaje de advertencia: "¡¡¡No se atrevan a ponerse fríos!!!" El CPS fue entonces dirigido por el actual líder del Partido Laborista, Sir Keir Starmer. El apoyo de los grupos pseudoizquierdistas a la operación sueca de la CIA —efendida sobre la base de políticas de género— los expuso como una herramienta para los intereses imperialistas. Para 2012, el electorado social acomodado de la política pseudoizquierdista había abrazado la doctrina de la intervención humanitaria, apoyando las operaciones de cambio de régimen en Siria, Libia y otros lugares.

Tanto los funcionarios republicanos como los demócratas continuaron buscando el arresto de Assange. En 2018, en el contexto de una feroz campaña para arrastrar a Assange a su campaña patriotero y antidemocrático de "intromisión rusa", 10 senadores estadounidenses del Partido Demócrata escribieron al vicepresidente Mike Pence para exigir que la administración de Trump ejerciera presión sobre Ecuador para asegurar el desalojo de Assange de la embajada.

La administración de Trump, se reveló más tarde, estaba trabajando con la CIA para espiar a Assange, incluyendo sus comunicaciones privilegiadas con abogados y médicos, y para robar sus documentos personales. Los agentes de la CIA discutieron los planes para el secuestro o asesinato de Assange, hasta que el presidente ecuatoriano Lenin Moreno accedió a entregarlo a la policía del Reino Unido.

Una vez en manos del Estado británico, Assange fue sometido a dos años de persecución pseudo legal, que culminó en un degradante juicio amañado. Detenido frente a la Corte de Magistrados de Westminster pocas horas después de que lo capturaron en la embajada, Assange fue declarado culpable de violar la fianza. El juez de distrito Michael Snow declaró: “Su afirmación de que no ha tenido una audiencia justa es cómico. Y su comportamiento es el de un narcisista que no puede ir más allá de sus propios intereses egoístas".

En una audiencia posterior en el Tribunal de la Corona de Southwark, Assange recibió la sentencia casi máxima por violación de la fianza (50 semanas) y fue enviado a la prisión de máxima seguridad de Belmarsh. La jueza Deborah Taylor lo acusó de "explotar su posición privilegiada para burlarse de la ley y publicar internacionalmente su desdén por la ley de este país".

El tiempo de Assange en Belmarsh se caracterizó por la negación repetida y flagrante de sus derechos legales, con el objetivo de aplastarlo y para que se quiera suicidar. En repetidas ocasiones se le negó el acceso adecuado a sus abogados y al material necesario para preparar su defensa. Cuando Assange llegó al final de su sentencia, la jueza de distrito Vanessa Baraitser ordenó que continuara detenido en Belmarsh en prisión preventiva. Durante la semana inicial de la audiencia de extradición de Assange, celebrada en febrero de 2020 en el Tribunal de la Corona de Woolwich, fue retenido en una caja de cristal, y Baraitser le impidió hablar o comunicarse de manera efectiva con sus abogados. Lo desnudaron dos veces y lo esposaron 11 veces el primer día.

En el período previo a la audiencia principal en el Tribunal de Magistrados de Westminster en septiembre de 2020, a Assange se le negó repetidamente la libertad bajo fianza, incluso cuando el COVID-19, al que es especialmente vulnerable debido a su condición respiratoria, invadió la prisión de Belmarsh.

El gobierno de Estados Unidos aprovechó este tiempo para desarrollar su monstruoso asalto a los derechos democráticos. La acusación inicial del fundador de WikiLeaks, revelada el día de su secuestro de la embajada, lo acusaba de conspiración para cometer intrusión informática, con una sentencia máxima de cinco años. El 23 de mayo de 2019, EE. UU. reveló 17 nuevos cargos bajo la Ley de Espionaje de 1918 con una posible sentencia combinada de 170 años. Estos cargos tienen implicaciones escalofriantes para la libertad de prensa, criminalizan las prácticas periodísticas básicas y las consideran equivalentes a traición o espionaje.

Otra acusación sustitutiva se emitió el 24 de junio de 2020, después de que se completara una fase de la audiencia de Assange y unas semanas antes de que la defensa presentara su argumento esquemático para la segunda. Además de ser un grave abuso del debido proceso, la nueva acusación, basada en gran parte en el testimonio de informantes del FBI con antecedentes de fraude y trampa, amplió el marco de los cargos a una gama aún más amplia de actividad periodística.

La inmensa importancia del periodismo de WikiLeaks y Assange, y la criminalidad de su persecución, se subrayó en su audiencia de septiembre. Docenas de testigos hablaron sobre la protección de fuentes pioneras de WikiLeaks y el impacto global de lanzamientos como el video “Collateral Murder”, que revela la masacre de civiles, periodistas y socorristas iraquíes por un helicóptero artillado Apache estadounidense. El caso de Estados Unidos fue expuesto como una cacería de brujas vengativa y sin fundamento, diseñado para destruir a Assange y sentar un precedente dictatorial de lo que sucederá con cualquier periodista que se atreva a exponer los crímenes imperialistas.

Con un fallo a favor de la extradición considerado casi asegurado, Baraitser emitió una decisión sorprendente en contra el 4 de enero de este año. Pero su decisión políticamente calculada bloqueó la solicitud de extradición únicamente con el argumento de que sería opresivo debido a la salud mental comprometida de Assange y su riesgo de suicidio si fuera encarcelado en los Estados Unidos. Ella aceptó todos los demás elementos del caso de la fiscalía, incluyendo su negación de la libertad de expresión y la libertad de prensa, y su justificación del abuso de los derechos democráticos de Assange.

Esto dejó la puerta abierta a una apelación estadounidense. El Departamento de Justicia de EE. UU. respondió rápidamente: “Mientras estamos extremadamente decepcionados con la decisión final de la corte, nos complace que los Estados Unidos prevalecieron en todos los puntos de la ley planteados. En particular, el tribunal rechazó todos los argumentos del Sr. Assange con respecto a la motivación política, el delito político, el juicio justo y la libertad de expresión. Continuaremos buscando la extradición del Sr. Assange a los Estados Unidos".

Las acciones de Baraitser esencialmente aplazaron la decisión real sobre el destino de Assange hasta que se decidiera el resultado del complot golpista en curso de Trump. Dos días después de que su extradición fuera bloqueada, el 6 de enero, una turba fascista irrumpió en el Capitolio y llegó a los pocos segundos de apoderarse de los miembros del Congreso. La continua hostilidad del Estado británico hacia Assange fue confirmado por la negación legalmente absurda de la fianza de Baraitser ese mismo día, dejando a Assange en una prisión de máxima seguridad sin cargos legítimos y legales en su contra.

Desde entonces, la administración de Biden ha continuado la búsqueda de Trump del fundador de WikiLeaks; en 2010, Biden lo había calificado de "terrorista de alta tecnología". Como advirtieron el World Socialist Web Site y el Comité Internacional de la Cuarta Internacional (CICI), la persecución de Assange es parte integral del impulso de guerra del imperialismo estadounidense, intensificado por Trump y ahora intensificado por su sucesor.

Biden se ha involucrado en una agresiva campaña contra China y está fomentando la xenofobia contra China en casa, promoviendo teorías de conspiración sobre el origen del COVID-19. Estados Unidos y sus aliados están al borde del precipicio con Rusia sobre Crimea y el este de Ucrania, con las interminables provocaciones antirrusas e incursiones de poder de la OTAN que amenazan con desembocar en una guerra.

Los conflictos militares de alcance tan catastrófico solo pueden perseguirse en el extranjero destruyendo los derechos democráticos en el país. Las publicaciones de WikiLeaks de los registros de guerra de Afganistán e Irak fueron una chispa para el sentimiento masivo contra la guerra en todo el mundo. La clase dominante de los países imperialistas de todo el mundo está decidida a evitar que se denuncien sus planes de guerra y sus crímenes y ha tratado de tomar medidas enérgicas contra la oposición de izquierda, socialista y pacifista. El caso de Assange es emblemático de este giro hacia la dictadura.

En los dos años transcurridos desde el arresto de Assange, dos perspectivas políticas fuertemente opuestas se han definido en la lucha por su libertad. La campaña oficial, dirigida por Don’t Extradite Assange (DEA), se ha basado en apelaciones podridas al Estado y sus representantes. El primer campeón de la DEA fue el exlíder laborista Jeremy Corbyn. A lo largo de las elecciones generales de 2019, como líder del Partido Laborista, Corbyn mantuvo un silencio políticamente criminal sobre Assange, bloqueando el desarrollo de un movimiento de masas contra el imperialismo británico y estadounidense para asegurar su libertad. Cuando Corbyn finalmente habló, fue para apelar a Boris Johnson y al sistema de justicia británico que había pisoteado los derechos democráticos de Assange.

Después de pavimentar una colección abigarrada de parlamentarios menores, celebridades y organizaciones de derechos civiles y medios de comunicación —muchos de los cuales habían sido cómplices de la persecución de Assange durante años— la campaña de la DEA alcanzó un nuevo mínimo en las semanas previas a la decisión de Baraitser, haciendo un llamamiento servil a Trump por un indulto presidencial. En cambio, Trump entregó una gran cantidad de indultos a delincuentes, fascistas y criminales de guerra.

Cuando Trump dejó el cargo, las apelaciones cambiaron sin problemas a Biden, permaneciendo igual de quebrado.

El CICI y sus Partidos Socialistas por la Igualdad afiliados han sido reivindicados al insistir en que la lucha por la libertad de Assange depende del desarrollo de un movimiento de masas en la clase obrera. La pandemia ha demostrado más allá de toda duda que no existe una circunscripción en la clase dominante ni siquiera para los derechos democráticos más básicos, incluyendo el derecho a la protesta y la reunión y el derecho a la vida. Ha respondido al virus con una política de asesinato social y avanzando sus preparativos para la represión estatal y la guerra a gran escala.

Pero estas acciones han puesto a los Estados capitalistas en un curso de colisión con los trabajadores oprimidos de todo el mundo, que ya estaban entrando en grandes huelgas y protestas antes de la pandemia. El destino final de Assange es inseparable de este conflicto en desarrollo: la lucha de la clase trabajadora internacional contra el capitalismo y la lucha por poner en el banquillo a los verdaderos criminales, los guerreros y torturadores imperialistas.

En el segundo aniversario del secuestro del fundador de WikiLeaks, reafirmamos nuestra demanda por la libertad incondicional e inmediato de Assange y nuestro compromiso con un programa de lucha de clases para lograrlo.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 9 de abril de 2021)