El miércoles, el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, publicó una orden ejecutiva que efectivamente hace ilegal que ciertos inmigrantes indocumentados viajen dentro del segundo estado más grande del país. A pesar de que la orden de Abbott es quizás la restricción más estricta al derecho a transitar desde el internamiento de japoneses, ha recibido poca atención del Gobierno de Biden, cuyas políticas antiinmigrantes facilitaron la medida de Abbott.

La prohibición de viajar al interior es un ataque a los derechos democráticos de toda la población y los trabajadores necesitan oponerse activamente a ella sin importar su estatus migratorio. En los últimos meses, Abbott ha comenzado a hacer valer las políticas migratorias de su propio estado, desplegando a la Guardia Nacional de Texas y a 1.000 policías estatales a la frontera para arrestar a miles de inmigrantes como parte de la “Operación Lone Star”. Abbott también asignó $250 millones de fondos estatales para construir un muro fronterizo, todo con el apoyo explícito del expresidente Donald Trump.

La última orden aplica tanto para los inmigrantes que fueron liberados de los centros de detención para inmigrantes, así como aquellos que entraron en EE.UU. en aproximadamente los últimos 18 meses, desde que Trump empleó las disposiciones del Título 42 para efectivamente prohibir la inmigración durante la pandemia de coronavirus. Declara que los individuos, las empresas y las organizaciones sin fines de lucro no pueden transportar a personas indocumentadas y que los inmigrantes solo pueden viajar bajo la custodia de la policía federal o estatal.

La declaratoria es una importante intensificación de la estrategia de Trump y el Partido Republicano para convertir a los inmigrantes en chivos expiatorios de la propagación de la pandemia de coronavirus. Afirma: “La admisión y el movimiento de migrantes bajo el Gobierno de Biden está exponiendo Texas al Covid-19 y creando un desastre de salud pública en Texas… buses llenos de migrantes, con un número desconocido de ellos infectados con COVID-19, están siendo transportados a comunidades de todo el estado de Texas, exponiendo a los tejanos a la propagación del Covid-19”.

Concluye: “Ninguna persona, fuera de un policía federal, estatal o local, podrá proveer transporte terrestre a un grupo de migrantes que haya sido detenido por la CBP [Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza] por cruzar la frontera ilegalmente o que haya sido objeto de expulsión bajo la orden del Título 42”.

El Partido Demócrata ha facilitado estas medidas de Estado policial. La orden de Abbott cita se refiere al Gobierno de Biden como la fuente de autoridad legal, indicando que “el Gobierno de Biden ha mantenido la orden del Título 42 en vigor y por una buena razón”.

El congresista demócrata de Texas, Henry Cuellar se ha unido a los esfuerzos de Abbott para convertir a los inmigrantes en el chivo expiatorio de la pandemia de coronavirus, exigiendo al gobierno de Biden que “haga una pausa” de la inmigración porque los inmigrantes “podrían tener COVID-19”. El Gobierno de Biden interpuso una demanda contra la orden de Abbott, pero no porque ésta violara los derechos democráticos de los inmigrantes. Más bien, el Departamento de Justicia alegó en su demanda que Texas usurpaba los poderes del Gobierno federal para regular la inmigración.

Dado que la CBP libera a los inmigrantes de los centros de detención dejándolos en las paradas de autobús cercanas, la orden creará efectivamente campamentos de personas sin hogar en las paradas de autobús de ciudades fronterizas como McAllen, El Paso y Brownsville.

La orden también se aplica a los recién llegados que pudieron eludir su detección pero que habrían sido rechazados en virtud del Título 42 si hubieran sido capturados, lo que significa que miles de indocumentados empobrecidos de las principales ciudades como Dallas, Houston y San Antonio no podrán viajar en vehículo motorizado, ni siquiera para ir al trabajo o a la tienda de comestibles, por temor a ser detenidos y deportados en el acto.

Para hacer cumplir la orden, Abbott ha dotado a la policía de poderes que van más allá de lo que incluso los republicanos de Arizona intentaron aplicar a mediante la infame Ley 1070 del Senado en 2010. La orden permite a la policía detener cualquier vehículo del que los agentes tengan “sospechas razonables” de que transporta inmigrantes indocumentados, un cheque en blanco para la elaboración de perfiles raciales en un estado con una mayoría de latinos. Los vehículos que transporten a inmigrantes indocumentados serán escoltados de vuelta al punto de origen o a la frontera entre Estados Unidos y México. Los vehículos que transporten “ilegalmente” a indocumentados serán confiscados por el Estado.

La afirmación de que la medida es una necesidad sanitaria no es más que un cínico pretexto. Abbott ha rechazado activamente todas las restricciones sanitarias a las empresas durante la pandemia. Veinticuatro horas después de prohibir el derecho de los inmigrantes a viajar por motivos de salud, emitió otra orden ejecutiva que prohibía a las autoridades locales aplicar las exigencias de vacunaciones y uso de mascarillas. Mientras los casos aumentan en todo Texas, el Gobierno estatal promueve el escepticismo sobre las vacunas y apela a concepciones extremadamente retrógradas para defender las ganancias de las empresas sin importar el coste humano.

La orden de Abbott forma parte de la estrategia fascistizante en curso de Donald Trump. El Gobierno de Abbott también ha transformado a Texas en el epicentro de los esfuerzos de Trump y del Partido Republicano para restringir el derecho al voto a nivel nacional.

En junio, Trump visitó a Abbott en Texas y declaró: “Tenemos una frontera abierta y realmente peligrosa. Será mejor que regresemos pronto”. En abril, el fiscal general de Texas y aliado de Trump, Ken Paxton, demandó al Gobierno de Biden para exigir una expulsión más rápida de los solicitantes de asilo. A Paxton se le unió en la demanda la America First Legal Foundation, un grupo legal fundado por el asesor fascista de Trump, Stephen Miller.

El sábado, el asesor de Trump, Stephen Miller, apareció en el “Hannity Show” de Fox News para hablar de su colaboración con la Administración de Abbott para crear un nuevo eje en el asalto a los inmigrantes.

Miller dijo: “Tenemos una inmigración ilegal sin restricciones, sin control, de personas que son COVID positivas que se liberan en Texas, que se liberan en Arizona, que se liberan en todo el país al mismo tiempo que sus hijos están sufriendo estas restricciones onerosas... [los inmigrantes] no tienen pruebas, controles, están sin vacunar y no usan mascarillas y están propagando el COVID y trayendo nuevas variantes al país”. Miller también afirmó que los demócratas quieren que los inmigrantes voten ilegalmente.

En realidad, la Administración de Biden ha continuado los ataques de la Administración de Trump contra los inmigrantes. La semana pasada, anunció que iba a reanudar los vuelos de deportación por la vía rápida para las familias inmigrantes. El Departamento de Seguridad Nacional anunció: “Al someter a expulsión acelerada a las familias que no pueden ser expulsadas bajo el Título 42, estamos dejando en claro que aquellos que no califican para permanecer en los Estados Unidos serán rápidamente deportados”. Durante un viaje a Guatemala en junio, la vicepresidenta Kamala Harris advirtió a los centroamericanos que huyen de la violencia y la pobreza causadas por un siglo de explotación imperialista: “No vengan”.

A lo largo de la Presidencia de Trump, el Partido Demócrata desmontó sistemáticamente las protestas contra los ataques fascistizantes de Trump contra los inmigrantes. Alexandria Ocasio-Cortez, de los Socialistas Democráticos de Estados Unidos (DSA, por sus siglas en inglés), desempeñó un papel fundamental en esta operación. Viajó a la frontera de Texas durante la Presidencia de Trump y fingió enfado por la detención de niños, pero ha defendido las mismas políticas cuando las lleva a cabo Biden, denunciando a los críticos de izquierda de su política migratoria como “privilegiados” y “actores de mala fe”.

Los trabajadores centroamericanos empobrecidos no tienen la culpa de la propagación del coronavirus. Al igual que la mentira del laboratorio de Wuhan, la clase dominante estadounidense está tratando de desviar la culpa por la pandemia que recae en sus propias manos, mientras persigue una política bipartidista de oponerse a las restricciones sanitarias y obligar a los trabajadores a regresar a sus puestos para garantizar las ganancias corporativas. Siete meses de la intentona golpista de Trump el 6 de enero, la ultraderecha está continuando su arremetida contra los derechos democráticos. El ataque de Abbott, Trump y Miller contra los inmigrantes en Texas es un ataque a los derechos democráticos de la clase obrera en general y debe ser opuesto.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 1 de agosto de 2021)