El espectacular incremento de la inflación a lo largo de los años 2021 y 2022 ha sido un duro golpe para los salarios y las condiciones de vida de los trabajadores en España e internacionalmente, ahora agravado aún más por las sanciones que la Unión Europea (UE) y la OTAN han impuesto a Rusia en medio de la campaña de guerra que la OTAN dirige contra Moscú.

La inflación de España se aceleró en febrero muy por encima de las expectativas a su ritmo más rápido en casi 33 años. Los precios al consumidor subieron un 7,4 por ciento ese mes con respecto al año anterior impulsados por los alimentos, bebidas, combustibles y energía, principalmente el precio de la electricidad, que la semana pasada alcanzó un nuevo máximo de 442 euros por megavatio hora.

Según datos del Ministerio de Trabajo publicados en febrero, los salarios establecidos en los convenios colectivos entre empresarios y sindicatos en el primer trimestre de 2022 experimentaron un aumento salarial promedio de solo 2 por ciento, 0,5 puntos porcentuales por encima de la cifra de diciembre, pero cuatro puntos por debajo de la inflación registrada en enero (que fue del 6 por ciento, según el Instituto Nacional de Estadística). Esto se basa en el análisis de 1.554 convenios colectivos que abarcan a 4,1 millones de trabajadores.

Significativamente, esto también está por debajo de la subida del salario mínimo acordada entre el gobierno del Partido Socialista (PSOE) y Podemos con los sindicatos para 2022: subirá un 3,6 por ciento, hasta los 1.000 euros mensuales. Celebrado como una medida progresista, el aumento del salario mínimo, de hecho, se mantiene por debajo de la inflación. Es decir, el poder adquisitivo real de los trabajadores disminuirá.

Según un informe del Ministerio de Trabajo, la mayoría de los convenios colectivos cerraron con un incremento de entre el 1 y el 2 por ciento: ocho de cada 10 trabajadores han visto aumentar su salario en ese rango. Solo uno de cada 10 ha visto crecer sus nóminas al mismo ritmo que la inflación, amparados por las cláusulas de revisión salarial que obligan legalmente a las empresas a aumentar los salarios en la misma proporción que la inflación.

Esta es una práctica inusual entre las empresas españolas, ubicadas principalmente en industrias donde tuvieron lugar luchas militantes durante la transición al régimen parlamentario después de la muerte del general fascista Francisco Franco.

Sin embargo, como señaló El Periódico, “esto no siempre es una garantía de que las empresas lo cumplirán, especialmente en la actualidad cuando los aumentos que generalmente se acuerdan [entre sindicatos y empleadores] están lejos de la inflación más alta en 30 años.” En estas industrias, como en los mataderos de aves de corral y conejos o en la industria del metal y el chocolate, los sindicatos están luchando para suprimir las luchas de los trabajadores para mantener los salarios por debajo de la inflación.

A nivel estatal, CCOO y UGT junto a la mayor federación empresarial española, la CEOE, están preparando el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), una especie de 'convenio de convenios' donde estas organizaciones procapitalistas establecen recomendaciones para actualizar los salarios. Estas negociaciones están conduciendo a una pobreza masiva. Hay 11 millones de pobres en España de una población de 47 millones, de los cuales 4,5 millones sufren de pobreza severa, según Oxfam. Entre los que viven por debajo del umbral de la pobreza, 1 de cada 4 es un trabajador en activo.

Mientras tanto, a medida que los trabajadores reciben unos salarios de pobreza, los bancos y las corporaciones están obteniendo lucrativas ganancias. Las 34 mayores empresas de España han declarado un beneficio neto conjunto de más de 54.000 millones de euros, el máximo jamás registrado. Los bancos ganaron 20.000 millones de euros el año pasado, los beneficios más altos desde la crisis anterior en 2008. Los cinco bancos de la bolsa española -Ibex 35, Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Bankinter- han logrado el mayor beneficio de la última década. Todos estos bancos han estado involucrados en realizar despidos masivos el año pasado, afectando a más de 20.000 trabajadores.

El aumento de la inflación es un subproducto de dos políticas interrelacionadas. En primer lugar, la política adoptada por la clase dominante en Estados Unidos y Europa en respuesta a la pandemia de inyectar billones de euros en los mercados financieros para apuntalar los valores de las acciones. A las presiones inflacionarias se suman las interrupciones en las cadenas de suministro debido a la negativa de los gobiernos capitalistas a implementar una estrategia de erradicación del virus contra la pandemia, que ha sido la causa de que se produzcan infecciones masivas y ha desorganizado profundamente la economía.

En segundo lugar, las catastróficas sanciones económicas impuestas por los Estados Unidos y la UE contra Rusia. Las potencias imperialistas afirman que la destrucción de la economía rusa y el rublo profundizará las divisiones dentro de la oligarquía rusa y alimentará el descontento social, creando las condiciones para el cambio de régimen e incluso la desintegración de este país rico en recursos. Sin embargo, al tratar de eliminar el petróleo, el gas y el trigo rusos de los mercados mundiales, se están creando las condiciones para un aumento sin precedentes en los precios de los productos básicos esenciales.

Los sindicatos y el partido “populista de izquierda” Podemos, en el gobierno con el PSOE, funcionan como herramientas clave de la clase dominante para imponer estas políticas. No solo han implementado una estrategia de infección masiva durante la pandemia del COVID-19, sino que también están inundando de armas a Ucrania para combatir a las tropas rusas. Esto va de la mano con una guerra contra la clase trabajadora en casa.

Durante el último año, PSOE y Podemos han aprobado una reforma laboral reaccionaria presentada como 'progresista', que de hecho consolida la reforma laboral de 2012 del derechista Partido Popular, el mayor ataque contra los trabajadores españoles desde la época de Franco. Un aumento en el salario mínimo que está por debajo de los niveles de inflación. Y un subsidio de Ingreso Mínimo Vital que tan solo cubre a 160.000 hogares.

El gobierno respaldado por Podemos está dejando claro que se opone a cualquier incremento salarial. Imitando las voces de sectores poderosos del capital financiero que exigen que los bancos centrales suban las tasas de interés para suprimir el movimiento ascendente de la clase trabajadora reclamando aumentos salariales, la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, dijo: “Desde el punto de vista de la estabilidad económica a medio plazo, lo que hay que evitar en este momento es que una subida salarial pueda tener efectos de segunda ronda que tengan un carácter más estructural.”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo que los salarios no deberían aumentar para “evitar lo que los economistas llaman el efecto de segunda vuelta, es decir, que esa alza de los precios acabe impregnando al resto de la economía”

Los sindicatos CCOO y UGT apoyan tanto la política de infección masiva por COVID-19 como la campaña de guerra que implementan la UE y la OTAN. Después de haber respaldado las sanciones contra Rusia, ahora están convocando manifestaciones frente a los lugares de trabajo en todo el país para que los trabajadores puedan 'condenar' la invasión de Ucrania por parte de 'la Rusia de Putin'. Las concentraciones durarán cinco minutos y, según el líder de CCOO, Unai Sordo, permitirán a los trabajadores ' expresar su condena por esta especie de ley del más fuerte' impuesta por el presidente ruso.

El líder de CCOO reconoció que, aunque las sanciones que se están imponiendo a Rusia son 'necesarias', van a 'acarrear una ralentización de la economía ' y una subida de los precios, lo que 'impacta de forma muy determinante en los salarios'.

La lucha para defender los niveles de vida de los trabajadores contra la inflación y la guerra forma parte de una lucha más amplia contra el sistema capitalista global. El año pasado, el Comité Internacional de la Cuarta Internacional (CICI) lanzó un llamamiento para que la Alianza Internacional Obrera de Comités de Base (AIO-CB, o IWA-RFC por sus siglas en inglés) proporcione un programa y una organización a los trabajadores que buscan luchar fuera de las garras debilitantes de las burocracias sindicales. Esto allanará el camino para las luchas contra la guerra, para las políticas científicas de salud y para defender los niveles de vida de los trabajadores contra los ataques de los bancos.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 10 de marzo de 2022)