La imputación del expresidente Donald Trump en Georgia, la cuarta en cuatro meses, es la más seria hasta la fecha. Detalla en casi 100 páginas la manera en que Trump y docenas de cómplices, algunos de ellos también acusados y otros todavía no, estuvieron involucrados en una conspiración para anular su derrota electoral en las elecciones presidenciales de 2020.

Aunque se limita a un solo estado, la acusación ofrece una imagen mucho más completa que la acusación federal presentada hace dos semanas sobre los esfuerzos de Trump y sus ayudantes para robar los votos electorales de Georgia, donde ganó el demócrata Joe Biden por un margen de 11.779 votos. Acusa al jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, a los principales abogados de la campaña de Trump, Rudy Giuliani, Sidney Powell, Jenna Ellis y Kenneth Chesebro, a consultores externos como John Eastman, a altos cargos del Partido Republicano de Georgia, entre otros.

El documento de acusación enumera 41 cargos penales contra los 19 acusados, incluida la acusación general de conspiración presentada contra todos ellos, en virtud de la ley de Georgia contra las Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión (RICO, por sus siglas en inglés). Se citan unas 161 acciones en apoyo de esta conspiración.

Estas acciones van desde la presentación de panfletos legales en los que se afirma de forma totalmente falsa que el vicepresidente Mike Pence tenía autoridad para rechazar los votos electorales mientras presidía la ceremonia de certificación de las elecciones por parte del Congreso, hasta el matonismo para intimidar a la trabajadora electoral de Atlanta, Ruby Freeman, visitando su casa por la noche.

La fiscal distrital del condado de Fulton, Fani Willis, fijó el 25 de agosto como fecha límite para que Trump y sus coacusados comparezcan para ser acusados y fichados, y expresó su deseo de llevar el caso a juicio en un plazo de seis meses, una tarea de enormes proporciones con tantos acusados y cargos.

Sea cual fuere el resultado inmediato, se está preparando el escenario para un año de elecciones presidenciales con niveles sin precedentes de tensión y crisis políticas.

Hay ciertos puntos que deben reiterarse en respuesta a la acusación de Georgia. En primer lugar, es una confirmación más de que Trump y sus cómplices participaron en una conspiración para anular las elecciones, que culminó en el intento de un golpe de Estado fascistizante del 6 de enero de 2021. El arresto y procesamiento de todos los implicados es totalmente apropiado y necesario.

En segundo lugar, al igual que en la acusación federal presentada por el fiscal especial Jack Smithdel Departamento de Justicia, la acusación de Georgia plantea la pregunta: ¿Por qué se tardó más de dos años en presentar acusaciones contra Trump y sus cómplices? Casi todos los actos citados fueron denunciados en la prensa corporativa a principios de 2021. Muchos eran públicos, como los incesantes tuits de Trump dando instrucciones en apoyo de la campaña para anular las elecciones.

En tercer lugar, al igual que la acusación federal, el caso de Georgia se limita principalmente a los esfuerzos de Trump para desacreditar las elecciones de 2020 y sustituir a los electores de Biden que realmente fueron elegidos por los votantes por electores falsos. No se pronuncia sobre los acontecimientos del 6 de enero de 2021. Pero en varios lugares menciona estos acontecimientos, refiriéndose al consejo de asistentes de Trump como Jenna Ellis y Kenneth Chesebro de que el entonces presidente debía adoptar “una estrategia para perturbar y retrasar la sesión conjunta del Congreso del 6 de enero de 2021”.

Los distintos fiscales y la Administración de Biden han intentado esquivar los acontecimientos del 6 de enero para evitar que se destape la conspiración más amplia en la que estuvo implicada la mayoría de los líderes del Partido Republicano e importantes sectores del aparato militar y de inteligencia que pretendían garantizar el éxito del golpe de Trump. El propósito de este encubrimiento es preservar estas instituciones clave de la clase dominante y asegurar el apoyo bipartidista a la política de guerra de la Administración de Biden contra Rusia en Ucrania.

Pero la acusación plantea cuestiones más amplias. Todo el sistema político de Estados Unidos, el centro del capital financiero y la cabina de mando de las guerras imperialistas se encuentra en un estado de crisis irresoluble y sumido en una guerra de facciones.

Ni siquiera está claro cómo la clase dominante llevará a cabo las elecciones presidenciales de 2024. Trump, el principal candidato de los republicanos, se enfrenta posiblemente a cuatro juicios penales y cinco civiles, suponiendo que no se presenten más casos contra él. Mientras tanto, Hunter Biden, el hijo del presidente, se enfrenta al menos a un juicio por evasión de impuestos en medio de una investigación continua sobre sus negocios corruptos tanto en China como en Ucrania, donde se embolsó millones sacando provecho del cargo de su padre como vicepresidente bajo Obama. Joe Biden bien podría ser sometido a juicio político por la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, por su presunto papel en el tráfico de influencias de su hijo, sobre todo si hay pruebas de que se benefició personalmente de ello.

Pensar que la crisis tiene su origen en la personalidad de Trump es cegarse ante la realidad. Trump no es más que la expresión más grotesca de un sistema político podrido hasta la médula, que supura pus por todos sus poros.

El Congreso, donde una gran mayoría de los republicanos de la Cámara de Representantes votó para no certificar la elección de Biden, está compuesto por millonarios e ignorantes. Tanto los demócratas como los republicanos en la Cámara de Representantes han rechazado incluso restricciones simbólicas a sus propios negocios financieros, como la prohibición de comerciar con acciones.

La Corte Suprema está a su vez inundada de corrupción y opera como una conspiración permanente contra los derechos democráticos de la población estadounidense. Si la Corte Suprema terminara decidiendo una elección reñida, como en 2000, el voto decisivo bien podría ser emitido por Clarence Thomas, expuesto en los últimos meses como el beneficiario de lujosas vacaciones, viajes y otros subsidios de un grupo de multimillonarios fascistas, todos ellos tratando de influir en las decisiones del máximo tribunal.

La política no existe en el vacío, sino que refleja procesos sociales. La economía estadounidense es un enorme esquema Ponzi, con gigantescos bancos, corporaciones y fondos de cobertura que han utilizado billones de dólares en fondos de rescate del Gobierno para llevar a cabo operaciones financieras aún más enrevesadas y opacas que las que desencadenaron el derrumbe de Wall Street de 2008-2009. El milmillonario de criptomonedas Samuel Bankman-Fried ha sido detenido y acusado de fraude masivo, pero el suyo es solo el caso más flagrante entre cientos.

La infraestructura social se encuentra en un avanzado estado de decadencia y desintegración, como ha ejemplificado más recientemente la horrible destrucción y devastación causadas por el incendio de Hawái. Biden, en nombre de una oligarquía financiera obsesionada con su propio enriquecimiento y el saqueo militarista, apenas pudo pronunciar una palabra coherente al respecto.

Trump ha introducido en el sistema político los métodos del gansterismo, las artimañas financieras y la manipulación de los medios de comunicación que aprendió en el curso de su carrera empresarial en la construcción y el sector inmobiliario de Manhattan, los casinos de Atlantic City y la “telerrealidad”. Personifica lo que Karl Marx llamó, describiendo la decadencia política de la aristocracia financiera francesa antes de la revolución de 1848, el “ renacimiento del lumpenproletariado en la cima de la sociedad burguesa ”.

Pero el sistema político en su conjunto adquiere cada vez más el carácter del antiguo Imperio Romano, un aparato enfermo asentado sobre un orden social moribundo. Es mediante el desarrollo de la lucha de clases, armada políticamente con una perspectiva y una dirección socialistas, que este aparato estatal puede ser destruido, junto con el sistema capitalista que defiende.

(Publicado originalmente en inglés el 15 de agosto de 2023)