El Gobierno israelí de extrema derecha del primer ministro Benjamín Netanyahu avanza para eliminar todas las restricciones a su poder y deshacerse de sus oponentes políticos dentro del aparato estatal, incluyendo al jefe del servicio secreto interno Shin Bet, Ronen Bar, y a la fiscal general Galia Beharav-Miara. Esto forma parte de su preparación para una represión más amplia contra toda oposición a sus políticas tanto dentro como fuera del país.

La semana pasada, en una medida sin precedentes destinada a eliminar la supervisión judicial del gobierno, el gabinete aprobó por unanimidad una moción de censura contra Beharav-Miara, quien, como fiscal general de Israel, es la funcionaria legal de más alto rango del país y uno de los pocos frenos nominales al poder del ejecutivo, además de estar al frente de la fiscalía pública. Su puesto es una designación independiente por término fijo, no una posición política. La votación constituye el primer paso en un proceso prolongado para asegurar su destitución, el cual probablemente llegará hasta la Corte Suprema, que algunos ministros ya han dicho que desobedecerán si la decisión no les favorece.

El ministro de Justicia y principal artífice del golpe judicial del gobierno que ya lleva dos años, Yariv Levin, acusó a Beharav-Miara de actuar “como una extensión de los opositores del gobierno”. Señaló que había llevado a cabo una “cooperación efectiva” y estaba tratando al gobierno “con desprecio”.

El intento de destituirla forma parte de la amarga disputa de Netanyahu con el poder judicial israelí, al que acusa de organizar un “golpe de Estado de izquierda” contra él bajo el pretexto de su juicio por corrupción. Se suma a una serie de desarrollos destinados a fortalecer los poderes del gobierno frente a sus adversarios políticos, incluyendo iniciativas que se habían suspendido tras el ataque del 7 de octubre contra Gaza, cuando los líderes opositores se unieron al gabinete de guerra, intensificando así las tensiones con las autoridades judiciales e impulsando una crisis constitucional.

El mes pasado, Netanyahu anunció su intención de despedir a Ronen Bar, jefe del Shin Bet, aunque sus planes fueron interrumpidos por una medida cautelar interpuesta por la Corte Suprema. Tomando ejemplo de sus patrocinadores fascistas en Washington, varios ministros amenazaron con ignorar la decisión de la Corte Suprema si esta se opone a la destitución de Bar.

Bar había provocado la ira de Netanyahu al solicitar una comisión estatal de investigación sobre los fallos que llevaron al ataque del 7 de octubre, la cual examinaría el papel del propio Netanyahu y de los servicios militares y de inteligencia. También autorizó una investigación sobre posibles vínculos financieros corruptos entre colaboradores cercanos a Netanyahu y el gobierno de Catar, lo que ha llevado al arresto de dos asesores y a una citación para que el propio Netanyahu testifique, con el aval de la fiscal general.

Durante años, Catar ha transferido fondos, a instancias de Netanyahu, a Hamás en Gaza como medio para mantener la “calma”, debilitando a la Autoridad Nacional Palestina (ANP), dominada por Fatah y dirigida por Mahmoud Abbas en Cisjordania, y profundizando la división entre Hamás y la ANP.

La semana pasada, la Knéset aprobó una nueva ley que otorga al gobierno mayores poderes en la selección de jueces de la Corte Suprema, facultados para anular legislación si la consideran “irrazonable”. El ministro de Justicia, Levin, también se ha negado a reconocer la autoridad de quien encabeza la Corte Suprema, cuya designación ha intentado bloquear durante el último año.

Beharav-Miara rechazó las acusaciones de Levin y acusó al gobierno de querer actuar por encima de la ley, afirmando que la moción de censura “no busca fomentar la confianza, sino la lealtad al liderazgo político, no gobernanza sino… poder sin límites”. Añadió que “el gobierno está buscando situarse por encima de la ley y actuar sin contrapesos, incluso en períodos extremadamente sensibles”.

Beharav-Miara ha respaldado las más flagrantes violaciones del derecho internacional por parte del gobierno, autorizando crímenes de guerra contra el pueblo palestino. Como admitió en su defensa, brindó su apoyo legal al “enfoque operacional sobre Gaza” del gobierno. En otras palabras, aprobó la guerra genocida de Israel contra los palestinos, que llevó a la Corte Internacional de Justicia a concluir en enero de 2024 que la acusación de genocidio contra Israel en Gaza es “plausible” y a la Corte Penal Internacional a emitir órdenes de arresto por crímenes de guerra contra Netanyahu y su ex ministro de Defensa, Yoav Gallant.

Su apoyo a la “guerra contra el terrorismo e incitación al terrorismo” ha dado lugar al arresto de miles de ciudadanos palestinos de Israel desde el 7 de octubre, incluso por la más leve expresión de simpatía hacia la difícil situación del pueblo palestino en Gaza. No ha iniciado ningún proceso judicial contra activistas de extrema derecha ni contra algunos de los principales políticos israelíes, quienes han formulado declaraciones explícitas en los medios y redes sociales incitando a la violencia e incluso al genocidio. Ha respaldado a la policía en su represión de protestas de ciudadanos palestinos de Israel.

Beharav-Miara citó su apoyo a “la expansión de asentamientos y el respaldo a los mismos”, lo que la ONU ha calificado de crimen de guerra; a la detención administrativa mediante la cual palestinos son encarcelados sin cargos ni juicio; a la demolición de viviendas de personas a las que Israel acusa habitualmente—típicamente sin cargos ni juicio—de “terrorismo”; y a la retención de cuerpos palestinos como moneda de negociación.

La fiscal general incluso ha defendido la “política de ayuda humanitaria a Gaza” del gobierno, que en la práctica significa la prohibición total del ingreso de mercancías, incluidos alimentos, combustible y medicamentos, a los 2,3 millones de palestinos en Gaza, con el objetivo de matarlos de hambre o forzarlos a abandonar el enclave asediado, política que lleva ya más de un mes en vigor. La semana pasada, la Corte Suprema expresó su acuerdo con dicha política.

El lunes, Antoine Renard, director en Palestina del Programa Mundial de Alimentos, declaró a Channel 4 News del Reino Unido: “Quizás tengamos uno o dos días más para apoyar a 19 panaderías. Hemos entregado nuestros últimos paquetes de alimentos a la población. Durarán una semana, así que ése es el verdadero temor ahora en Gaza”.

Casi no hay verduras a la venta en los mercados, ya que la guerra ha paralizado la producción local de alimentos y los trabajadores humanitarios no pueden desplazarse debido a los bombardeos israelíes. Thomas Fletcher, secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios, afirmó que “muchos no tienen agua, electricidad, comida ni seguridad”.

Esta situación desesperada provocó varios días de protestas en Beit Lahiya, desencadenadas por una orden de evacuación israelí, en las que se exigió el fin de la guerra y del sufrimiento.

Si bien Beharav-Miara ha respaldado el asalto de Netanyahu contra el pueblo palestino, se ha negado a suspender su juicio por corrupción. También ha rechazado los intentos del gobierno de eximir a los ultraortodoxos del servicio militar. Netanyahu ha prometido a los partidos religiosos, de los cuales depende su coalición, que una vez que sea destituida les será más fácil evadir la ley que obliga a la conscripción.

Esto ocurre mientras la Knéset aprobó el “presupuesto de guerra” de 30.000 millones de dólares del ministro de Finanzas y líder del Sionismo Religioso, Bezalel Smotrich, dentro de un presupuesto total de 200.000 millones de dólares. Este presupuesto garantiza la supervivencia del gobierno de Netanyahu hasta las próximas elecciones, previstas para finales de 2026. El presupuesto recorta el gasto en servicios públicos y bienestar, al tiempo que aumenta los impuestos en casi 11.000 millones de dólares, para cubrir el creciente costo de la guerra contra los palestinos en Gaza y Cisjordania, así como contra Irán y sus aliados en Líbano, Siria y Yemen, con el objetivo último de asegurar el control estadounidense del Oriente Medio rico en recursos.

Habrá un recorte del 5 por ciento en todos los presupuestos ministeriales, excepto en el de la policía y el ejército, y algunos ministerios enfrentarán recortes aún mayores: la educación perderá 125 millones de dólares en 2025, el transporte casi 200 millones entre 2025 y 2028 y la sanidad casi 75 millones anuales. La escasa asistencia social existente se congelará, al igual que el salario mínimo y los salarios del sector público.

Este brutal ataque contra las familias trabajadoras busca financiar la realidad de una guerra sin fin. Netanyahu dijo el domingo al gabinete que, incluso si se alcanza un acuerdo para liberar a todos los rehenes, el fin de la guerra no está en la agenda. La guerra solo terminará si Hamás es desarmado y sus líderes son enviados al exilio. Israel mantendría el control de la “seguridad” en Gaza e implementaría el plan del presidente estadounidense Donald Trump para expulsar a los palestinos. El miércoles, el ministro de Defensa, Israel Katz, anunció planes para ocupar amplias zonas de Gaza “a fin de aplastar y limpiar el área de terroristas e infraestructura terrorista, y capturar grandes sectores que serán incorporados a las zonas de seguridad del Estado de Israel”.

Las Fuerzas de Defensa de Israel han desplegado una división adicional y emitido órdenes de evacuación a la población civil del sur de la Franja de Gaza.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 2 de abril de 2025)