La publicación a principios de febrero de las memorias de Eduardo Villas Bôas, comandante del ejército brasileño entre 2015 y 2019, ha sumido la política nacional en caos y ha dejado al descubierto el impulso hacia la dictadura en el sexto país más poblado del mundo.

La principal revelación del libro desató una crisis política, en la que Villas Bôas afirmó que el Alto Mando del Ejército tenía pleno conocimiento de un tuit que publicó en 2018, en vísperas de la votación del Tribunal Constitucional (STF) sobre una petición de hábeas corpus del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lula cumplía una condena de nueve años por corrupción y encabezaba las encuestas para las elecciones presidenciales de octubre, que luego ganaría el fascistizante Jair Bolsonaro. Tres miembros del Alto mando en 2018 son ministros actuales de la administración de Bolsonaro.

El libro es una versión editada de 13 horas de entrevistas a Villas Bôas por el investigador militar de la Fundación Getúlio Vargas (FGV), Celso de Castro.

El 2 de abril de 2018, Villas Bôas tuiteó: “En la situación que enfrenta Brasil actualmente, debemos preguntarles a las instituciones y al pueblo, ¿quién está realmente pensando en el bienestar del país y de las generaciones futuras y quién solo está preocupado por los intereses personales?”. Concluyó de forma amenazante: “Le aseguro a la nación que el Ejército brasileño comparte el deseo de todos los buenos ciudadanos de repudiar la impunidad”.

El miembro más importante de la corte, el juez Celso de Mello, denunció que el tuit parecía presagiar "la reanudación de actitudes que son ajenas y dañinas para la ortodoxia constitucional", en referencia a la presión ejercida por la dictadura militar respaldada por Estados Unidos de 1964-1985 sobre el tribunal, que solo permaneció abierto formalmente durante el régimen sangriento. En lo que fue efectivamente una votación a punta de pistola, la petición de hábeas de Lula fue rechazada por una mayoría de 6-5.

La revelación del libro provocó un frenesí político. El 15 de febrero, el juez del STF Luiz Fachin, quien en ese momento era el relator de la petición de hábeas de Lula, calificó las revelaciones de "intolerables e inaceptables". Villas Bôas reaccionó en Twitter un día después con amenazas y desprecio. Publicó un enlace a un informe de noticias de la declaración de Fachin y escribió, "tres años después".

El 19 de febrero, la escalada de la crisis llevó al arresto sin precedentes del diputado brasileño Daniel Silveira, del Partido Social Liberal (PSL) —en cuya candidatura fue elegido Bolsonaro— por defender al general y el golpe de Estado en Washington del 6 de enero en un video de YouTube. Además, calificó el golpe brasileño de 1964 respaldado por Estados Unidos y que estableció el régimen militar de 21 años como una "advertencia" para los miembros del STF.

Silveira, un exsoldado de la Policía Militar de Río de Janeiro, filmó en vivo su arresto y dijo con desdén que ya lo habían arrestado “90 veces” por delitos militares y sabía exactamente lo que se avecinaba. Actualmente en una prisión militar, según los informes, los reclusos lo tratan como un "héroe", a saber, otros soldados fascistizantes considerados demasiado peligrosos incluso por una fuerza que asesina a más de 6.000 brasileños al año. Silveira ya fue investigado por el STF por colaborar con un grupo fascista conocido como “Los 300 de Brasil”, que hizo campaña a lo largo de 2019 para que el ejército cerrara el tribunal para detener las investigaciones de corrupción contra Bolsonaro.

Unos días después, exponiendo aún más los peligros políticos reconocidos por las autoridades brasileñas, el exministro de Defensa, Raúl Jungmann, escribió una carta abierta al STF pidiendo que prohibiera los recientes decretos de Bolsonaro que desregulan la propiedad de armas. Advirtió que el aumento de armamento de civiles "evoca la desgracia de la guerra civil", citando el intento de golpe de Estado del 6 de enero en Washington como un ejemplo de lo que podría suceder en Brasil. El propio Bolsonaro ya ha amenazado con no reconocer los resultados de las elecciones de 2022 si pierde, alegando que el fraude electoral hará que las elecciones presidenciales en Brasil sean "peores que las de Estados Unidos".

La advertencia de Jungmann es aún más significativa al provenir de una figura de alto rango en el gobierno de derecha del presidente Michel Temer. Temer llegó al poder a través del impeachment de Dilma Rousseff del Partido de los Trabajadores (PT), contando con el mandato de los mercados financieros para imponer una austeridad brutal a los trabajadores brasileños. Además, el arresto de Silveira fue ordenado por el juez del STF Alexandre de Moraes, exministro de Justicia de Temer.

Es considerado el principal representante en la corte del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), la antigua oposición tradicional de derecha al PT, que entró en coalición con Temer. Moraes abrió la investigación sobre los fascistas de los "300 de Brasil" en 2019 sobre la base de la reaccionaria Ley de Seguridad Nacional de la era de la dictadura, que originalmente tenía como objetivo las guerrillas de izquierda.

El arresto de Silveira fue un paso peligroso. Tanto el jefe de inteligencia de Bolsonaro, el general Augusto Heleno, como el fiscal general Augusto Aras, han advertido en repetidas ocasiones que consideran que la Constitución permite el despliegue del ejército en casos de "abuso del poder", el término exacto utilizado por los leales a Bolsonaro para describir la detención de Silveira.

La medida también corre el riesgo de activar la base de Bolsonaro entre los oficiales subalternos y los soldados de la Policía Militar, que es controlada por los estados y conforma la base de apoyo de Silveira. En marzo de 2020, los aliados de Bolsonaro organizaron una huelga de la Policía Militar del estado de Ceará que dio lugar a informes en la prensa que reconocieron abiertamente que los gobernadores temían que la policía arremetiera en su contra si se oponían al presidente. Bolsonaro propuso enmendar la Constitución para crear un rango de general de la Policía Militar bajo su control, a lo que los gobernadores reaccionaron con una mezcla de nerviosismo y miedo, calificándolo de violación de los derechos de los estados.

La Cámara de Diputados, que al final aprobó el arresto, tuvo que posponer su votación sobre el tema para dar espacio para las negociaciones con el STF y el ejército. En una muestra del contenido reaccionario de estas negociaciones, el Club Militar de Río de Janeiro, conocido como el lugar donde se planeó el golpe de 1964, aprovechó el uso de Moraes de la legislación de la época de la dictadura, emitiendo una carta abierta preguntando si los mismos criterios contra Silveira se utilizarían en contra la izquierda.

Por su parte, el exministro de Defensa Jungmann encabeza el regreso de los militares, y en particular del ejército, a la vida política en Brasil, apenas 30 años después de que se vieron obligados a echar marcha atrás por el poderoso movimiento de huelga que puso fin a la dictadura en 1985. Un exmiembro del Partido Comunista, Jungmann patrocinó políticamente la campaña federal contra el crimen de 2018 en Río de Janeiro, que vio al ejército casi deponer al gobernador y a la policía en las calles. Ahora es el rostro público del grupo de expertos CEDESEN, recién fundado, que se describe a sí mismo como el primer grupo de expertos dedicado a temas de defensa en el país. Comparte esta plataforma con el exjefe de inteligencia de Temer, el general Sérgio Etchegoyen, un aliado clave de Villas Bôas a quien Rousseff se negó a castigar cuando criticó una Comisión de la Verdad del Congreso por los crímenes de la dictadura de 1964-1985.

Las revelaciones en las memorias de Villas Bôas no eran del todo nuevas, ya que el mismo general había declarado anteriormente que todo el alto mando comparte su postura. Pero al nombrar como sus copensadores directos a ministros clave en el gobierno de Bolsonaro, Villas Bôas dio más peso a las preocupaciones de que la arraigada participación de los militares en esta administración profundamente impopular provoque una oposición social incontrolable y los sumerja en la profunda crisis del gobierno burgués en Brasil.

Bolsonaro ha entregado cargos en todo su Gobierno a miembros activos y retirados de las fuerzas armadas, cuyas filas ahora superan los 6.000 efectivos, más que en cualquier momento anterior de la historia, incluso bajo la dictadura militar.

Más significativamente, el ejército se ha movilizado directamente en apoyo de la política asesina de inmunidad colectiva de Bolsonaro frente a la pandemia de COVID-19, con un general en servicio activo al frente del Ministerio de Salud y el ejército siendo empleado para producir hidroxicloroquina, que Bolsonaro promueve sin descanso como una cura para el COVID-19. Brasil tiene el segundo mayor número de muertes por COVID-19 en el mundo, después de superar el hito del cuarto de millón de fallecidos.

En estas condiciones, la reacción oficial a la crisis ha sido minimizar el riesgo de dictadura con garantías vacías de que los “controles y contrapesos de la democracia” están funcionando.

Esta actitud fue personificada por el presidente del STF, Luiz Fux, quien se presentó como conducto para los militares, declarando el 19 de febrero que el ministro de Defensa, Fernando Azevedo, le había dicho que las afirmaciones de Villas Bôas no eran ciertas y que no había habido reunión para discutir los tuits.

En cuanto al supuesto blanco en la mira de la conspiración, el Partido de los Trabajadores, su actitud ante la crisis es una mezcla de engaño, cobardía e hipocresía. La presidenta del partido PT, Gleisi Hoffmann, miembro de la Cámara de Diputados por el estado de Paraná, reaccionó con un llamamiento superficial a un testimonio ante el Congreso por parte del actual ministro de Defensa y comandante del Ejército.

El exministro de Relaciones Exteriores y de Defensa bajo Lula, Celso Amorim, le comentó a uno de los medios de comunicación del partido, la revista Carta Capital, que las revelaciones significaban que los tuits constituían un golpe de Estado, y que lo sorprendieron.

En realidad, el PT es el principal responsable de los peligros actuales que enfrenta la clase obrera brasileña, que no se pueden exagerar.

Fue el PT el que nombró a Villas Bôas comandante del ejército. Encubrió sus amenazas para contener la reacción pública y el partido se presentó como la mejor alternativa para la clase dominante brasileña, como había sido considerada durante la mayor parte del siglo veintiuno.

En abril de 2018, a Lula se le impidió postularse para la presidencia, pero la aceptación de su petición de hábeas corpus por parte del STF fue vista como un posible punto de inflexión en las apelaciones que pudieron revertir esta situación. Lula había sido condenado por recibir un apartamento frente al mar por parte de la empresa OAS, una de las principales acusadas en la investigación de corrupción Lava Jato.. Si bien Lula estuvo indudablemente en el centro del gran escándalo de sobornos y comisiones ilegales en torno al gigante energético estatal Petrobras, sus apelaciones se basaron en el hecho de que nunca se volvió propietario ni hizo uso del apartamento.

Los grupos de presión empresariales se opusieron a la candidatura de Lula, preocupados de que se viera presionado para frenar la brutal austeridad implementada por las facciones de derecha que habían derrocado al PT a través del fraudulento impeachment de Rousseff en 2016.

Esas facciones aprovecharon los esquemas de corrupción masiva presididos por el PT y descubiertos por la investigación de corrupción Lava Jato, a pesar de ellos mismos estaban involucrados hasta el cuello. Utilizaron los menos de dos años de la administración interina de Temer para imponer un congelamiento draconiano de 20 años al gasto en salud, educación y obras públicas y promulgar una reforma laboral que autorizaba contratos de cero horas y provocaba reducciones salariales masivas.

En el momento del tuit de Villas Bôas, el PT hizo todo lo posible para encubrir el asalto del ejército a las instituciones civiles, culpando absurdamente al conglomerado de medios Globo por "manipular" el tuit para vilipendiar a Lula. El PT optó por no alertar a la clase trabajadora sobre los peligros de las amenazas de Villas Bôas. En lugar de ello alardeó arteramente de haber gastado sumas récord en el ejército.

Villas Bôas había sido nombrado comandante del ejército por Rousseff en 2015, presentado como el candidato más joven en una ruptura con la tradición. Fue elegido por ser supuestamente constitucionalista y contrario al cuestionamiento expresado por otros comandantes de la labor de la Comisión de la Verdad del Congreso establecida en 2012 para investigar los crímenes de la dictadura de 1964-1985.

Había defendido el programa de rearme de Lula en 2015 ante el Congreso como un "logro histórico" y recibió ovaciones de pie de la bancada del Senado del PT en 2017 cuando rechazó públicamente que el ejército considerara intervenir en la crisis del gobierno de Temer. Apenas un mes antes de su amenaza golpista en vísperas de la votación sobre el hábeas corpus, el exministro de Defensa de Rousseff, Jaques Wagner, elogió públicamente a Villas Bôas, declarando: “Villas Bôas es un militar clásico, un brasileño nacionalista que respeta la ley. Siempre se ha convertido en líder dondequiera fuera comandante por ser valiente, amable y convincente. Es una figura democrática, alguien que mira hacia adelante” —lo que implicaba que no era un defensor del golpe de 1964 y que nunca apoyaría la intervención extraconstitucional de los militares—.

En mayo de 2019, cuando Villas Bôas fue atacado por el ideólogo fascista brasileño Olavo de Carvalho, un aliado clave de Bolsonaro y puente entre él y la extrema derecha estadounidense, Jaques Wagner salió en su defensa, llamándolo “mi comandante del Ejército".

La analogía histórica más cercana a los acontecimientos que se han desarrollado en Brasil es el nombramiento de Augusto Pinochet como comandante en jefe del Ejército de Chile por parte de Salvador Allende en 1973, proporcionándole los medios para derrocar al propio Allende.

La clase trabajadora debe sacar las lecciones de las últimas revelaciones en Brasil y luchar para romper la camisa de fuerza del Partido de los Trabajadores, cuyo principal objetivo es evitar que el impulso hacia la dictadura sea contrarrestado por un movimiento de masas contra la fuente de la crisis, el sistema capitalista.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 28 de febrero de 2021)