En su reporte Panorama Social de 2020, presentado el jueves, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) de la ONU documenta una devastación social “sin precedente” durante la pandemia de COVID-19, que ha desatado la peor crisis económica en la historia de la región.

Después de varios años con un crecimiento económico insignificante desde el fin del auge de los productos básicos en 2014, la región vio su PIB caer 7,7 por ciento el año pasado. Esto es mucho peor que la caída de 5 por ciento en 1930, en lo peor de la Gran Depresión, o la caída del 4,9 por ciento en 1914 a inicios de la Primera Guerra Mundial.

Con 8,4 por ciento de la población mundial, la región registra 27,8 por ciento de las muertes confirmadas por COVID-19. Brasil y México tienen el segundo y tercer mayor número de muertes en el mundo, mientras que Colombia, Argentina y Perú se cuentan entre los 15 mayores.

El virus arrasó con sociedades marcadas por la opresión imperialista y los niveles más altos de desigualdad social. Sus sistemas de atención sanitaria estaban desbordados incluso antes de que comenzara la pandemia. La mayoría de los trabajadores de la región apenas se las arreglan en el sector informal, mientras que las arcas públicas han sido saqueadas durante décadas por los recortes sociales y los pagos a los buitres de Wall Street. Con la propagación del COVID-19, las empresas transnacionales se opusieron inflexiblemente a cualquier cierre prolongado que afectara a sus fábricas, plantaciones, bancos y cadenas de tiendas.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) informó en su último informe, que abarca 2019, que 47,7 millones de personas pasaban hambre en América Latina y el Caribe, 9 millones más que en 2015. Concluyó que, dada la tendencia existente, esta cifra aumentaría en otros 20 millones durante la próxima década. El organismo advirtió, sin embargo, que la pandemia provocaría un aumento superior a sus previsiones y pidió “medidas extraordinarias” contra una inminente catástrofe social.

Por supuesto, tales medidas no se produjeron. Según la CEPAL, 22 millones cayeron por debajo del umbral oficial de la pobreza durante el año 2020, alcanzando un total de 209 millones, es decir, más de un tercio de la población de la región. Setenta y ocho millones, o el 12,5 por ciento, fueron categorizados como en pobreza extrema, el número más alto en dos décadas.

Cuanto más pobre eras a principios del año, mayor fue la caída de los ingresos. Sin embargo, toda la clase trabajadora y los pobres rurales vieron caer sus ingresos hasta niveles desesperantes. El informe revela que los ingresos del quintil más pobre cayeron en promedio un 42 por ciento, mientras que los del quintil más rico disminuyeron 7 por ciento.

Ocho de cada 10 latinoamericanos entran en la categoría de lo que la CEPAL llama “vulnerabilidad económica”, con ingresos inferiores a tres salarios mínimos.

El desempleo aumentó del 8,1 por ciento al 10,7 por ciento. Esto no incluye el enorme número de personas en edad laboral que dejaron de buscar trabajo, alcanzando el 10,3 por ciento de la población activa en Argentina, el 10,8 por ciento en Chile, el 12,8 por ciento en México y el 26,7 por ciento en Perú.

Aunque varían significativamente entre los países, las políticas para reducir el impacto social de la crisis fueron miserables en toda la región.

La CEPAL constató que en 2020 la asistencia social en forma de transferencias monetarias o de alimentos básicos benefició a 326 millones de personas, es decir, a casi la mitad de la población. Sin embargo, entre marzo y diciembre, ningún Gobierno proporcionó una transferencia mensual promedio que superara la línea de pobreza. Solo en Brasil, Chile, Panamá y República Dominicana superó el umbral de pobreza extrema.

La conclusión inevitable es que las medidas fueron diseñadas para hambrear a los trabajadores y a sus familias para que aceptaran el levantamiento de los cierres limitados implementados a mediados de 2020 y un regreso imprudente al trabajo.

Aunque los datos que presenta son una condena criminal para las clases dominantes nativas regionales y el imperialismo, la CEPAL se limita a hacer llamados morales y se somete al imperativo capitalista de reabrir las empresas y las escuelas.

La secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, llamó a las élites gobernantes de la región a construir un nuevo Estado del bienestar basado en “la igualdad y la sostenibilidad”, empezando por una renta básica universal de emergencia. En la presentación del informe, un representante de la UNICEF señaló a las enormes disparidades en el acceso a los recursos en línea, pero en lugar de exigir una inversión masiva en computadoras, acceso a Internet, formación y contratación de profesores y especialistas, pidió la reapertura de las escuelas.

Lo que realmente se desprende del informe es la necesidad urgente de un ataque frontal a las grandes fortunas y a la brutal explotación en toda la región para contener la pandemia y satisfacer las necesidades básicas.

Esto se muestra claramente en São Paulo, cuyos 33 milmillonarios en dólares y 106.333 millonarios la convierten en el área metropolitana más desigual de la región, y también en la más afectada por el COVID-19. Al mismo tiempo, ha sido testigo del desalojo de miles de familias en medio de la pandemia. Una mujer que no podía pagar su alquiler de 120 dólares dijo a AP tras ser amenazada por la policía con ser desalojada: “Para el Gobierno, la gente como nosotros somos solo polvo”. Ahora, las autoridades y los sindicatos están procediendo a reabrir las escuelas para que los padres de los alumnos puedan producir ganancias en trabajos no esenciales e inseguros.

En toda América Latina y el Caribe, según la firma Wealth X, había 8.260 individuos con más de 30 millones de dólares en activos, con una riqueza combinada de 1,13 billones de dólares. Esta enorme cantidad es probablemente una subestimación, dado el creciente uso de los paraísos fiscales. En la última década, por ejemplo, las inversiones colombianas a través de Suiza aumentaron un 697 por ciento.

Los niveles actuales de desigualdad y el dominio de la vida económica por parte de Wall Street son el resultado de un prolongado giro a la derecha de toda la burguesía latinoamericana en respuesta a la globalización, la disolución de la URSS y la profundización de la crisis del capitalismo mundial.

Este proceso ha ocurrido en todo el mundo y se vio reflejado en la propia CEPAL, que mantuvo su sede en Santiago de Chile después del golpe de Estado de 1973, acomodándose a la dictadura fascista-militar de Pinochet incluso después del asesinato de cuatro de sus asociados. Tras promover tradicionalmente reformas sociales dirigidas por el Estado y la industrialización por sustitución de importaciones en las economías atrasadas, el entonces jefe de la CEPAL, Enrique Iglesias, aplaudiría los “logros innegables” de la “terapia de choques” privatizadora de Pinochet, afirmando que estos supuestos avances fueron consolidados por los Gobiernos posteriores.

En las últimas dos décadas, las fuerzas nacionalistas-burguesas de la llamada “marea rosa” liderada por Hugo Chávez en Venezuela implementaron aumentos limitados del gasto social y nacionalizaciones parciales, para luego volver a adoptar políticas basadas en la austeridad social una vez que los precios de las materias primas cayeron.

En los últimos años, millones de personas de toda la región han salido a las calles y llevado a cabo huelgas masivas para acabar con los asombrosos niveles de desigualdad social.

Las manifestaciones lideradas por estudiantes en Nicaragua detonadas por un recorte de pensiones dictado por el FMI, fueron aplastadas por la policía y las fuerzas paramilitares, que utilizaron municiones reales contra las marchas masivas y persiguieron a presuntos líderes, matando al menos a 325, dejando miles de heridos y desplazando a más de 70.000. El creciente levantamiento fue encarrilado por organizaciones campesinas y estudiantiles vinculadas al Departamento de Estado de EE.UU., así como por la Cámara de Comercio Estadounidense, detrás de un abortado Diálogo Nacional con el Gobierno de Daniel Ortega.

En Honduras, una serie de manifestaciones de maestros, estudiantes y trabajadores de la salud fueron brutalmente reprimidas, con cuatro manifestantes asesinados a tiros y otros 20 estudiantes heridos por tropas que invadieron la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Las manifestaciones fueron desmovilizadas por sindicatos y políticos “opositores” que pedían un “diálogo nacional” supervisado por “mediadores extranjeros”, es decir, representantes del imperialismo que les ofrecieran puestos y compensaciones.

En octubre de 2019 se produjeron levantamientos masivos en Ecuador y Chile con huelgas generales y marchas de millones de personas. Los militares se desplegaron en ambos países dejando al menos 8 muertos en Ecuador y 36 en Chile.

Las organizaciones sindicales e indígenas de Ecuador desconvocaron las protestas tras negociar con el Gobierno de Lenín Moreno. En Chile, una coalición de sindicatos, el Frente Amplio y el Partido Comunista, respaldada por organizaciones de pseudoizquierda, canalizó el descontento detrás de un referéndum sobre cambiar la Constitución en un proceso regulado por el Gobierno de extrema derecha de Sebastián Piñera.

Las protestas contra el derrocamiento militar apoyado por EE.UU. del presidente boliviano Evo Morales en noviembre de 2019 fueron aplastadas por las fuerzas de seguridad, dejando un saldo de 33 muertos e incluyendo un tiroteo contra los manifestantes desde helicópteros. Con el protagonismo de Morales, su partido MAS y sus ostensibles aliados en los sindicatos, las manifestaciones se canalizaron detrás de unas elecciones supervisadas por el régimen golpista fascistizante.

En Colombia, el 21 de noviembre de 2019 comenzó una serie de huelgas y manifestaciones masivas contra la desigualdad social y las medidas de austeridad. En septiembre pasado, las protestas se reavivaron en contra de un asesinato policial. Mientras los militares y la policía masacraban al menos a 17 manifestantes, los sindicatos, en colaboración con la principal figura de la oposición, Gustavo Petro, y la pseudoizquierda, encarrilaron estas manifestaciones detrás de las negociaciones con el Gobierno asesino de Iván Duque, junto con los inútiles llamamientos a la renuncia del ministro de defensa, quien desde entonces ha muerto de COVID-19, y una reorganización superficial de la policía.

En estas experiencias recientes, los trabajadores y los jóvenes, que no están dispuestos a aceptar más golpes a su nivel de vida y a los servicios públicos, se han movilizado fuera del control de las instituciones establecidas. Hasta ahora, las clases dominantes han apostado por una estrategia del palo y la zanahoria para ganar tiempo: periodos de represión asesina mientras se preparan para una dictadura, combinados con promesas de reformas democráticas promovidas por la “izquierda” oficial y los sindicatos.

Todas las fuerzas políticas y los sindicatos que se han dedicado incansablemente a subordinar los estallidos de masas a la política burguesa han allanado el camino a las políticas asesinas de “inmunidad colectiva” y al empobrecimiento histórico del último año, al tiempo en que han sentado las bases para el surgimiento de una nueva ola de dictaduras fascistas-militares.

La crisis pandémica está intensificando inevitablemente la lucha de clases, con las huelgas de los profesores de São Paulo y de los enfermeros chilenos y las protestas masivas en Haití como señales iniciales. La tarea crucial a la que se enfrentan los trabajadores y la juventud es construir nuevas organizaciones de lucha de clases y una nueva dirección socialista, internacionalista y revolucionaria. Esto significa la creación en cada país de secciones del Comité Internacional de la Cuarta Internacional.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 5 de marzo de 2021)