A medida que aumenta el número de inmigrantes encarcelados en los centros de detención de Estados Unidos, los funcionarios de inmigración informan de un importante aumento de las infecciones por COVID-19 entre los detenidos. Muy pocos detenidos están vacunados contra el virus, y a los expertos en salud pública les preocupa que el hacinamiento en los centros de detención pueda alimentar brotes no sólo entre los detenidos, sino también en la población general.

Hasta el 23 de junio, había 765 casos activos de COVID-19 entre los inmigrantes bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Según el ICE, el número de migrantes retenidos en centros de detención casi se ha duplicado en los últimos meses. En abril, la agencia informó de unos 14.000 migrantes detenidos. La semana pasada, la agencia informó de que había más de 26.000 personas detenidas.

En ese mismo periodo, se han notificado más de 7.500 nuevos casos de COVID-19 en los centros de inmigración de EE.UU., lo que supone más del 40% de todos los casos notificados en los centros del ICE desde que comenzó la pandemia, según un análisis de los datos federales realizado por el New York Times.

El ICE confirmó previamente más de 10.000 casos de COVID-19 entre los detenidos en sus centros de detención de todo Estados Unidos hasta marzo de este año. También confirmó ocho muertes.

El virus también afectó a más de 27.000 empleados de la Patrulla Fronteriza, que se infectaron o no pudieron trabajar debido a la enfermedad o a la cuarentena, incluidos 24 que murieron.

El aumento de las aprehensiones, las detenciones y los contagios se produce en medio de la escalada de la campaña de la administración Biden contra los inmigrantes. La vicepresidenta Kamala Harris visitó Guatemala y México el mes pasado. Además de decir a los migrantes 'no vengan', instó a las autoridades a reforzar sus fuerzas de seguridad para reprimir violentamente el flujo de migrantes centroamericanos que buscan escapar de sociedades asoladas por más de un siglo de explotación y opresión imperialista de Estados Unidos.

En abril, el gobierno de Biden deportó sumariamente a 111.714 de los más de 178.000 migrantes detenidos por la Patrulla Fronteriza estadounidense. La administración sigue invocando el Título 42, una orden de salud pública de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de la era Trump, aparentemente dirigida a controlar la pandemia mediante el cierre de la frontera sur, como justificación de su violación de las leyes internacionales y estadounidenses sobre el derecho de asilo.

Las decenas de miles de migrantes atrapados en las cárceles de inmigración se enfrentan a condiciones inhumanas, con los inmigrantes, incluidos los niños, sometidos al hacinamiento, al frío extremo y a la comida incomible. En mayo, según los últimos datos disponibles del ICE, sólo un 20% de los detenidos que pasan por los centros habían recibido al menos una dosis de vacuna mientras estaban bajo custodia. Estas condiciones garantizan una rápida propagación de la enfermedad.

Actualmente, casi uno de cada tres reclusos de las prisiones y cárceles federales y estatales da positivo en las pruebas del virus.

En mayo, la Unión Americana de Libertades Civiles, que ha presentado decenas de demandas contra el ICE durante la pandemia, calificó de 'fracaso' la falta de una estrategia de vacunación para los inmigrantes detenidos, en una carta dirigida al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y al director en funciones del ICE, Tae Johnson.

Tres expertos médicos contratados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y representados por el Proyecto de Rendición de Cuentas del Gobierno examinaron los protocolos vigentes para controlar la propagación del COVID-19 en los centros de detención y descubrieron que el gobierno de Biden no está haciendo lo suficiente para vacunar a los inmigrantes detenidos.

En una carta al Congreso, estos expertos escribieron: 'El gobierno de Biden ha hecho grandes progresos en el control de la pandemia en muchas zonas del país, en gran parte concentrándose en la distribución de vacunas al público en general. Sin embargo, los centros de detención de inmigrantes siguen siendo una fuente importante de propagación del COVID y un daño desproporcionado para los detenidos, los trabajadores y el público, pero el DHS todavía no ha implementado un plan integral para abordar la propagación del COVID en los centros de detención de inmigrantes'.

El ICE describió previamente sus procedimientos de vacunación en un documento titulado 'Requisitos de respuesta a la pandemia de Covid-19'. La agencia indicó a los centros de detención que se pusieran en contacto con las autoridades de distribución de vacunas de su estado, como los departamentos de salud del estado o del condado, para obtener las vacunas.

Algunos de los peores brotes en los centros del ICE, incluyendo uno en el Centro Correccional del Condado de Adams en Natchez, Mississippi, han ocurrido en estados donde las tasas de vacunación están muy por debajo de la media nacional.

Al comienzo de la pandemia, el ICE desarrolló una serie de requisitos para ayudar a proteger a los detenidos y al personal del virus, como nuevos protocolos para el procesamiento de la admisión, la detección y las pruebas, y el distanciamiento social. Los funcionarios del ICE afirman que todos los detenidos deben someterse a las pruebas de COVID-19 en las 12 horas siguientes a su llegada y están en cuarentena durante dos semanas. Sin embargo, muchos funcionarios han informado de las dificultades para cumplir los protocolos debido a las 'limitaciones de infraestructura', entre otros problemas.

El Dr. Carlos Franco-Paredes, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Colorado, que ha inspeccionado centros de detención de inmigrantes durante la pandemia, dijo al Times que varios factores fueron los culpables del aumento, incluyendo las transferencias de detenidos entre instalaciones, la insuficiencia de pruebas y las medidas de seguridad laxas del COVID-19.

Franco-Paredes dijo que durante una reciente inspección de un centro de detención en Colorado vio a muchos miembros del personal que no llevaban la cara cubierta adecuadamente, y añadió: 'Hay una mínima o nula responsabilidad respecto a sus protocolos.'

Los funcionarios de salud señalan que incluso cuando los funcionarios de inmigración siguen los protocolos de prueba y procesamiento, el hecho de que los detenidos sean transportados en masa a las instalaciones en autobús los expone a la exposición antes de su prueba inicial de COVID-19 a su llegada.

Sharon Dolovich, profesora de derecho y directora del proyecto de datos Covid Behind Bars de la Universidad de California en Los Ángeles, declaró al Times que los inmigrantes detenidos seguirán siendo vulnerables a la infección hasta que la vacunación se convierta en una prioridad en los centros.

'Tienes gente entrando y saliendo de las instalaciones, en comunidades donde la vacunación incompleta permite que estas variantes florezcan, y luego los traes dentro de las instalaciones, y esa variante se propagará', dijo Dolovich. 'Lo que describes es la combinación de una vacunación insuficiente más la evolución del virus, y eso es realmente aterrador'.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 6 de julio de 2021)