En un memorando emitido tarde en la noche del viernes, el presidente estadounidense Donald Trump ordenó a las fuerzas armadas tomar el control de una gran parte de la frontera entre Estados Unidos y México, y adoptar medidas represivas que traten efectivamente a los migrantes que cruzan la frontera como si estuvieran atacando una base militar estadounidense.

El memorando incluye una sección que dice: “Al llevar a cabo actividades en virtud de este memorando, los miembros de las Fuerzas Armadas seguirán las reglas para el uso de la fuerza prescritas por el secretario de Defensa”. No se establecen límites al uso de la fuerza, lo cual significa que el secretario de Defensa Pete Hegseth, un notorio defensor de los crímenes de guerra del ejército estadounidense y de criminales de guerra individuales, podría autorizar el uso de fuerza letal contra migrantes que buscan ingresar a Estados Unidos.

Bajo el título “Misión Militar para Sellar la Frontera Sur de los Estados Unidos y Rechazar Invasiones”, el memorando ordena a los secretarios de Defensa, Interior, Agricultura y Seguridad Nacional transferir toda la tierra federal que se encuentre dentro de los 60 pies de la frontera terrestre con México a la jurisdicción del Pentágono.

Esta larga franja de territorio es conocida como la “Reserva Roosevelt” porque fue originalmente designada como tierra federal hace más de un siglo bajo el mandato del presidente Theodore Roosevelt. Incluye la gran mayoría de la frontera terrestre entre Estados Unidos y México, atravesando California, Arizona y Nuevo México, pero no incluye el Río Bravo, la frontera entre Texas y México. La franja excluye también partes de las reservas indígenas situadas en la frontera, así como algunos terrenos privados aislados.

Fiel a la postura general del Partido Demócrata, que ha colaborado con los ataques fascistizantes de Trump contra los migrantes, no hubo respuesta pública al memorando fronterizo por parte de los gobernadores demócratas de los tres estados implicados: Gavin Newsom de California, Katie Hobbs de Arizona y Michelle Lujan Grisham de Nuevo México. Hobbs se ha estado quejando durante semanas de que 69 millones de dólares en asistencia federal para el control fronterizo estaban retenidos por la revisión de subvenciones de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), una unidad del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Según la orden de Trump, la Reserva Roosevelt sería designada como “Áreas de Defensa Nacional” para que las actividades de vigilancia fronteriza “ocurran en una instalación militar bajo la jurisdicción del Departamento de Defensa”. Esto permitiría a la administración alegar que las acciones militares contra migrantes no violan la Ley Posse Comitatus, que prohíbe usar al ejército para tareas policiales dentro de Estados Unidos.

El memorando asigna amplios poderes al secretario de Defensa para utilizar el territorio federal según lo estime conveniente. Expresamente habilita la realización de “actividades militares… incluyendo la construcción de barreras fronterizas y el despliegue de equipos de detección y monitoreo”. Esto también podría incluir la detención de migrantes a la espera de su transferencia al Departamento de Seguridad Nacional para su deportación.

De acuerdo con un análisis del Wall Street Journal:

Esta medida permitiría, en última instancia, que el enorme presupuesto del ejército pueda ser utilizado más directamente para la seguridad fronteriza. Según funcionarios de defensa, la administración llevaba semanas planeando transferir el control de dichas tierras a las fuerzas armadas y, potencialmente, utilizar la zona como lugar para mantener temporalmente a migrantes que ingresan ilegalmente a EE.UU. Muchos centros de detención en EE.UU. han alcanzado sus niveles más altos en años, creando un cuello de botella para los objetivos de deportaciones masivas del gobierno. Sin embargo, la orden no especifica que se vayan a construir instalaciones temporales de detención en esas tierras.

Aunque la operación militar inicial se implementará “de forma escalonada” durante 45 días, el memorando declara: “En cualquier momento, el secretario de Defensa puede extender las actividades bajo este memorando a otros terrenos federales a lo largo de la frontera sur, en coordinación con el secretario de Seguridad Nacional, el asistente del presidente y asesor de Seguridad Nacional, y otros departamentos y agencias ejecutivas según sea apropiado.”

“El asistente del presidente y asesor de Seguridad Nacional” es el título formal de Tom Homan, el exdirector interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y principal matón antiinmigrante de Trump en la Casa Blanca.

Todo el memorando incorpora la afirmación de Trump de que el cruce de migrantes por la frontera entre Estados Unidos y México constituye una “invasión” que, según el documento, amenaza “la integridad territorial y la soberanía de Estados Unidos”. El uso de semejante lenguaje para describir las acciones de refugiados desesperados y hambrientos es tanto provocador como completamente sin precedentes, con el fin de aprovechar los poderes de Trump como “comandante en jefe” para hacer lo que le plazca.

Esto incluye un lenguaje que equivale a un cheque en blanco para el Pentágono y para los comandantes locales a lo largo de la frontera:

El secretario de Defensa podrá determinar aquellas actividades militares que sean razonablemente necesarias y apropiadas para cumplir la misión asignada en la Orden Ejecutiva 14167, y que sean necesarias para proteger y mantener la seguridad de las instalaciones militares, conforme a la sección 2672 del título 10 del Código de los Estados Unidos, y la autoridad histórica reconocida a un comandante de instalación militar de excluir a personas de una instalación, como se indica en la sección 21 de la Ley de Seguridad Interna de 1950.

En efecto, cada comandante de unidad a lo largo de la frontera será designado como un “comandante de instalación militar” autorizado para “excluir a personas” de su instalación—un policía migratorio en todo menos en el nombre.

El memorando hace múltiples referencias a las órdenes ejecutivas emitidas por Trump el 20 de enero, día de su investidura presidencial, las cuales hicieron de la guerra contra los inmigrantes la primera prioridad de su administración. Una de estas órdenes instruye a los secretarios de Defensa y Seguridad Nacional a presentar un informe en 90 días con “recomendaciones sobre acciones adicionales que puedan ser necesarias para obtener el control operativo completo de la frontera sur, incluyendo si se debe invocar la Ley de Insurrección de 1807…”

Trump intentó invocar esta ley en junio de 2020 contra las protestas masivas que estallaron tras el asesinato policial de George Floyd en Minneapolis. Esto tendría el efecto de establecer la ley marcial, no solo en la frontera con México, sino en todo el territorio de Estados Unidos. Ningún presidente ha declarado la ley marcial desde la guerra civil de 1861–1865.

Mientras tanto, en otra medida orientada a transformar la vigilancia fronteriza en una operación militar a gran escala, el Comando Norte de Estados Unidos, que controla las fuerzas militares estadounidenses dentro de América del Norte, ordenó enviar un tercer destructor lanzamisiles, el USS Stockdale, para unirse al USS Spruance y al USS Gravely en operaciones en la frontera sur. El Stockdale salió de la base naval de San Diego para unirse a una flotilla de la Guardia Costera. Este destructor había sido anteriormente desplegado en el Comando Central de EE.UU. y derribó drones operados por los hutíes en Yemen, sobre el Mar Rojo.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 13 de abril de 2025)